San Pedro Sula, Honduras – Como resultado de una operación de seguimiento liderada por el Departamento de Localización, Búsqueda y Capturas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), este lunes fue detenido un funcionario municipal acusado de múltiples delitos en perjuicio de una mujer con la que sostenía una relación cercana.
El arresto se llevó a cabo en la colonia Calpules de San Pedro Sula, tras varios días de vigilancia encubierta y labores de inteligencia ejecutadas por agentes especializados.
Era inspector de Justicia Municipal
El detenido, un hondureño de 41 años de edad, originario y residente en San Pedro Sula, fue identificado como inspector de Justicia Municipal, cargo que desempeñaba activamente hasta el momento de su aprehensión.
Las investigaciones revelan que el sospechoso estaba siendo requerido por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula desde el pasado 18 de junio de 2025, cuando se emitió una orden formal de captura en su contra.
Delitos que se le imputan
El funcionario está siendo acusado por los delitos de:
- Violación
- Violencia contra la mujer
- Allanamiento de domicilio
- Privación ilegal de la libertad
Según los informes policiales, la víctima interpuso la denuncia ante las autoridades competentes, lo que dio paso a una investigación que expuso patrones de violencia sistemática y abuso de poder por parte del imputado.
Captura sin uso de fuerza
La detención se realizó sin incidentes gracias a una estrategia de cercamiento silencioso ejecutada por la DPI. El operativo fue posible mediante la coordinación entre diferentes unidades de investigación, cruce de datos y testimonios clave que permitieron ubicar al sospechoso.
Tras su captura, fue trasladado bajo custodia a la estación policial correspondiente, donde se elaboró el expediente legal y se informó al juzgado sobre la ejecución de la orden.
Protección a la víctima
Por tratarse de un caso de violencia de género, las autoridades han mantenido en estricta confidencialidad los datos de la víctima y han activado los protocolos de atención especializada para salvaguardar su integridad física y emocional.
Con esta acción, la Policía Nacional y la DPI reafirmaron su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres, la impunidad y el abuso de poder, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos en ejercicio.
