Amnistía Internacional publica esta carta abierta dirigida a la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresando su preocupación sobre la situación de derechos humanos en su país, y pone en su conocimiento algunas recomendaciones sobre asuntos en los que el gobierno debería tomar acciones urgentemente.
NOTA
Estimada Sra. Presidenta:
Nos dirigimos a Ud. para hacerle saber las preocupaciones de la organización sobre la situación de derechos humanos en su país. Ello, desde que tomara posesión de la presidencia de la República de Honduras hace ya un año. Asimismo, deseamos poner en su conocimiento algunas recomendaciones
sobre aquellos asuntos sobre los que consideramos que el gobierno debiera tomar acciones urgentemente.
Desde que Ud. formara gobierno hace justo un año, Amnistía Internacional ha observado algunos avances puntuales como los progresos para una completa derogación de la Ley sobre Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que ha suscitado preocupación por posibles riesgos para los derechos humanos; los avances en las discusiones para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), que revierte el debilitamiento de la cooperación con los organismos y mecanismos regionales e internacionales, o los pronunciamientos que reconocen la importancia de la labor de las personas defensoras de derechos humanos e impulsan su protección y la investigación de ataques.
No obstante, la organización lamenta que no se haya avanzado con otros temas urgentes en materia de derechos humanos -y que Ud. destacara en su agenda de derechos humanos-: la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos, o la creación de una ruta para la desmilitarización de la seguridad pública.
Hace justo un año, expresamos que su gobierno debía mostrar audacia y voluntad para atender las causas y los efectos del oscuro legado de los gobiernos de la década anterior. Es momento de ver resultados y demostrar la voluntad de su gobierno que requiere la población en Honduras, y es tiempo de cumplir con algunos compromisos mínimos para que las personas puedan vivir en su país dignamente.
Ya es tiempo de proteger a las personas defensoras de derechos humanos
A pesar de las noticias de la liberación de los ocho defensores y presos de conciencia2 de Guapinol en febrero de 2022, y la condena judicial a David Castillo por su participación en el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, las personas defensoras, particularmente aquellas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, continúan enfrentando altos niveles de violencia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras registró al menos 224 personas defensoras víctimas de agresiones en 2022, incluidos 12 asesinatos. A esta alarmante cifra, se unen al menos las muertes de los defensores de Guapinol Aly Magdaleno Domínguez Ramos y Jairo Bonilla Ayala el pasado 7 de enero, y el del presidente de la Cooperativa los Laureles de Tocoa, en la zona del Aguán, once días después.
Asimismo, la organización está preocupada porque algunas formas del delito de ‘usurpación’ en el Código Penal podría conllevar una afectación indebida al ejercicio de la libertad de expresión, de reunión pacífica y asociación y la defensa de los derechos humanos. Tal preocupación ha sido ya expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y por organizaciones de derechos humanos. Habida cuenta de lo anterior la organización se permite formular las siguientes recomendaciones, a saber:
• Garantizar que las autoridades no utilicen indebidamente el sistema de justicia para intimidar, hostigar y desacreditar a las personas defensoras de derechos humanos y para reparar el daño causado a las víctimas;
• Investigar de forma rápida, exhaustiva e imparcial cualquier ataque contra las personas defensoras, considerando siempre su labor de defensa como una de las líneas de investigación, asegurando que todas las personas involucradas en los hechos sean llevadas ante la justicia.
• Propiciar que el Congreso Nacional reforme la normativa penal para adecuarla a los estándares de derechos humanos y que se eliminen aquellas disposiciones penales que sean ambiguas o contraria al principio de legalidad, y que, por tanto, podrían ser interpretadas arbitrariamente para restringir y criminalizar indebidamente el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
• Garantizar, con medidas adecuadas y recursos suficientes, la protección de las personas defensoras mediante estrategias y planes integrales de protección que incorporen enfoques preventivos, colectivos y con perspectiva de género, de acuerdo con las necesidades de las personas defensoras y acordadas con ellas.
• Abordar las causas estructurales de los conflictos sociales relacionados con la exploración y explotación de los recursos naturales, sobre la base del respeto a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y a un medio ambiente sano.
• Adherirse al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Ya es tiempo de desmilitarizar las calles
El 3 de diciembre de 2022 fueron suspendidas algunas garantías constitucionales durante 30 días en 162 barrios y colonias de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula. Ello, según se afirmara, para el “restablecimiento de la paz y el orden” ante “la grave situación de violencia criminal organizada”. El 6 de enero de 2023, Ud. ordenó extender la suspensión de garantías durante 45 días adicionales en 73 municipios en 17 departamentos del país.
Dichos decretos instan a que las fuerzas de seguridad y la Policía Militar de Orden Público (PMOP), participen en la implementación de la suspensión de garantías constitucionales. Como es de su conocimiento, organizaciones y organismos internacionales han reportado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y militarizadas, incluida la PMOP, para reprimir protestas y aplicar toques de queda y cierres como respuesta a la pandemia del COVID-19.
La suspensión de derechos en contextos similares en la región ha derivado en violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, malos tratos, discriminación, restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos. Es de señalar que los estados de excepción son mecanismos a los que el Estado debe recurrir solo en última instancia y asegurando el pleno respeto de todas las obligaciones bajo el derecho internacional, incluyendo aquellas relativas a los derechos humanos.
Recomendaciones:
– Revisar la idoneidad del estado de excepción garantizando los principios de necesidad y proporcionalidad, así como seguir todos los procedimientos, incluyendo notificaciones oficiales a la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas.
– Tomar medidas inmediatas para garantizar un retiro ordenado de las fuerzas militarizadas de las labores de seguridad pública y continuar con el proceso de fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional.
– Disponer de salvaguardas efectivas para prevenir cualquier violación a los derechos en contextos de protestas o estados de excepción, incluido garantizar los derechos de las personas al acceso a asistencia legal, al debido proceso y a un trato justo, y que no haya discriminación alguna por motivos de raza, etnia, sexo, género, idioma, religión, origen social, identidad de género, orientación sexual y cualquier otro motivo prohibido por el derecho internacional.
– Garantizar investigaciones inmediatas, imparciales, independientes y efectivas por parte de tribunales ordinarios, sobre todos los casos donde se sospeche el abuso en el uso de la fuerza por agentes públicos, incluidos los casos que tengan como resultado muertes, detenciones arbitrarias y trato cruel, inhumano o degradante; y adoptar medidas para garantizar la plena cooperación de las fuerzas armadas en estas investigaciones a cargo siempre de tribunales
civiles ordinarios.
Ya es tiempo de una sociedad igualitaria y libre de prejuicios
A pesar de haber abanderado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en su campaña y haberse comprometido a llevar a cabo avances sustanciales en su protección, su gobierno ha demostrado tener poca voluntad de hacerlo. El aborto sigue estando prohibido en todas las circunstancias y, en diciembre de 2022, las autoridades autorizaron el uso de anticonceptivos de emergencia (PAE) solo para las sobrevivientes de violencia sexual. Este es un avance importante en un país con elevados índices de violencia sexual, pero no es suficiente, y deja a muchas mujeres y niñas desprotegidas y a Honduras a la cola del mundo en materia de derechos sexuales y reproductivos. El acceso a la anticoncepción de emergencia puede ser una herramienta fundamental para prevenir embarazos no deseados. La criminalización de la PAE tiene consecuencias terribles para las mujeres y las niñas, y las deja sin anticoncepción alternativa en situaciones en las que otros métodos anticonceptivos fallen.
Saludamos que en mayo de 2022 su gobierno reconociera la responsabilidad del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos cometidas contra la trabajadora sexual trans y defensora de los derechos humanos Vicky Hernández, asesinada en 2009, y se comprometiera a implementar obligaciones derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana. Sin embargo, las muertes violentas de las personas LGBTIQ+ siguen siendo muy altas , y aún no se ha aprobado leyes que les permita vivir en condiciones de igualdad como el matrimonio entre personas del mismo sexo o una ley de identidad de género.
Recomendaciones:
– Despenalizar el aborto en todas las circunstancias, y garantizar el acceso al aborto seguro y legal a todas las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.
– Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos en toda circunstancia (incluida la PAE), así como otros servicios, productos e información de salud sexual y reproductiva integrales, respetando la autonomía sexual y reproductiva, la dignidad, la intimidad y la confidencialidad de las personas que pueden quedarse embarazadas, y los derechos humanos, de forma igualitaria y no discriminatoria, con información imparcial y basada en evidencia científica.
– Garantizar el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación para todas las personas sin distinción, y en particular adoptar todas las medidas necesarias, incluidas reformas legales, para reconocer los matrimonios y uniones entre parejas del mismo sexo, y leyes que reconozcan la identidad de género.
– Llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas sobre todos los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos contra personas LGBTIQ+, con el fin de identificar, enjuiciar y sancionar adecuadamente a quienes resulten responsables en juicios justos.
Ya es tiempo de garantizar una vida digna
La combinación de los impactos del cambio climático con la degradación medioambiental, la violencia, pobreza y desigualdad en Honduras siguen obligando a las personas a desplazarse a otras regiones del país o bien a emprender viajes arriesgados hacia los Estados Unidos. Las consecuencias de los huracanes Eta e Iota en 2021, aunadas a una carencia de acciones para la adaptación a los crecientes fenómenos climáticos extremos, ponen de manifiesto cómo el clima afecta negativamente al disfrute de un amplio abanico de derechos humanos en Honduras14, y cómo las comunidades más afectadas son aquellas en vulnerabilidad social, exclusión y marginación histórica. Es, por ejemplo, el caso del Golfo de Fonseca, donde el aumento del nivel del mar y la pérdida de línea costera han afectado gravemente el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a una vivienda adecuada, al trabajo y a un nivel de vida adecuado de las comunidades costeras empobrecidas.
Honduras tiene uno de los mayores índices de pobreza y de desigualdad en ingresos de América Latina. Alrededor del 82% de la población rural del país vive en la pobreza. Sin embargo, el financiamiento de recursos públicos para el acceso a derechos sociales, como el sistema de salud, es de los más bajos
de la región, muy lejos del 6% recomendado por la OMS y entre los más bajos de América Latina y el
Caribe.
Recomendaciones:
• Adoptar e implementar medidas de mitigación y adaptación compatibles con los derechos humanos que protejan adecuadamente a la población frente a las consecuencias predecibles e inevitables de la crisis climática. En concreto, tener en cuenta las necesidades y demandas históricas en materia de derechos humanos de distintos grupos en la concepción e implementación de las estrategias de adaptación a las consecuencias del cambio climático antropogénico y reducción del riesgo de desastres, dando prioridad a los grupos, comunidades y personas en vulnerabilidad social; abordar los desequilibrios de poder basados en el género, racialidad y etnicidad; e interactuar con respeto a los derechos humanos de pueblos indígenas y comunidades dependientes de economías de la subsistencia.
• Garantizar los derechos a la información y a la plena participación en la toma de decisiones de todas las personas, en particular de las personas, los grupos y las comunidades más afectados por la crisis climática, en las medidas de respuesta a la crisis climática, a la hora de evaluar las pérdidas y daños, en cualquier mecanismo nuevo de financiación como el de pérdidas y daños, protección de biodiversidad y bosques, así como otras actividades económicas y de
desarrollo que pueden tener impacto en sus derechos humanos.
• Proporcionar recursos adecuados para abordar las pérdidas y daños y planes de protección social garantizando que todas las respuestas a éstos son inclusivas, interseccionales, receptivas a las cuestiones de género y promueven la igualdad para los pueblos y las personas que ya están en vulnerabilidad social.
• Invertir el máximo de los recursos disponibles de forma transparente con miras a la consolidación de un sistema de salud más sólido, que pueda aumentar de manera sostenible la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad e igualdad de centros, bienes y servicios sanitarios para todas las personas.
• Salvaguardar los derechos humanos de las personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento.
Para todo esto es fundamental garantizar que las instituciones encargadas de investigar e impartir justicia o velar por la situación de derechos humanos actúen con autonomía e independencia, que las personas que los procesos para elegir quiénes dirigen la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General sean transparentes y se centren exclusivamente en elegir la candidatura más idónea, así como la plena colaboración por parte de su gobierno con los organismos internacionales.
Si bien esta comunicación no es un análisis exhaustivo ni incluye todas las acciones que las autoridades deben implementar para cumplir con las obligaciones de derechos humanos del Estado de Honduras, destaca algunos de los asuntos que Amnistía Internacional considera urgentes y que pueden contribuir a avanzar en la agenda de derechos humanos en el país.
Reiteramos nuestro interés en entablar un diálogo directo con usted y solicitar una reunión lo más pronto posible con usted y su gobierno durante, la cual podamos conversar acerca de los avances y desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta Honduras.
