Tegucigalpa, Honduras – Un empresario identificado como Héctor Rolando Figueroa Fúnez ha sido condenado a siete años de prisión tras ser encontrado culpable de participar en una red de corrupción que defraudó a la Secretaría de Salud.
La condena se dictó bajo la figura de estricta conformidad, debido a su implicación en un esquema de fraude millonario.
Además de la pena privativa de libertad, Figueroa Fúnez deberá pagar una multa de 7 millones 885 mil 450 lempiras, monto que corresponde al total defraudado. También se le impuso una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure su condena.
El empresario cumplirá su sentencia en la Penitenciaría Nacional de Támara, de acuerdo con lo establecido por las autoridades judiciales.
Una red de corrupción en la Secretaría de Salud
La investigación reveló que la red corrupta, compuesta por al menos siete personas, operó dentro de la Secretaría de Salud entre marzo y septiembre de 2014. A través de contratos fraudulentos relacionados con consultorías y desarrollo de software para la automatización de procesos, defraudaron al Estado más de 7.8 millones de lempiras.
Los contratos fueron adjudicados de manera irregular, violando leyes y disposiciones presupuestarias. El proceso favoreció a empresas ficticias y personas naturales sin experiencia relevante, simulando competencia entre oferentes mediante la presentación de información falsa.
Implicados en el caso
Entre los involucrados en esta trama de corrupción se encuentra la exministra de Salud, Yolani Batres, junto a Gladys Hermelinda Paz y Benelio Alvarado, quienes enfrentan acusaciones por nueve delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Otros imputados son Lolita Vanessa Cordero, por ocho delitos de fraude y violación de deberes, Gerardo Zelaya, imputado por cinco delitos de fraude, y Christian Adolfo Sánchez, quien fue condenado por fraude como cooperador necesario.
Este caso ha sacado a la luz un esquema de corrupción que afectó gravemente los recursos del sector salud, reflejando la necesidad de reforzar los controles sobre los procesos de contratación pública en Honduras.
