Tegucigalpa, Honduras – El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) de San Pedro Sula, ha presentado un requerimiento fiscal contra tres empleados del Poder Judicial y un particular por el presunto uso de una orden de desalojo falsa.
Los principales acusados, Nimrod Gustavo Cárcamo Cruz y Marco Tulio Paniagua Rivera, enfrentan cargos por cohecho propio, usurpación de funciones públicas y uso de documentos públicos falsos.
Se les imputa haber abusado de su posición en el sistema judicial para facilitar el uso del documento fraudulento.
Además, José Alberto Escalante Almendarez es acusado de cohecho propio y malversación por aplicación oficial diferente.
Por su parte, Jhonathan Santos Martínez Pineda enfrenta cargos por tenencia ilegal de arma de fuego, cohecho y falsificación y uso continuado de documentos públicos falsos.
El documento falsificado se pretendía utilizar ilegalmente para desalojar a un propietario en Santa Cruz Yojoa, Cortés, violando así la confianza pública y los principios de legalidad.
Según el Ministerio Público, el uso de una orden de desalojo falsificada es un acto grave que demuestra un intento deliberado de manipular los mecanismos de justicia para beneficio personal.
