Tegucigalpa, Francisco Morazán – El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó este 23 de septiembre de 2024 un requerimiento fiscal contra exfuncionarios del Gobierno de Honduras (2018-2022), acusados de causar un perjuicio de más de 63 millones de lempiras (L 63,839,377.80) mediante la compra irregular de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de COVID-19.
Según el MP, los ventiladores adquiridos no cumplían con los requisitos técnicos, fueron recibidos incompletos y carecían de los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Entre los acusados se encuentran Lisandro Rosales, ex canciller de la República; Gabriel Alfredo Rubí Paredes, ex comisionado de COPECO; y otros exfuncionarios, quienes enfrentan cargos por abuso de autoridad, fraude y violación de deberes.
La investigación destaca que estos actos de corrupción agravaron la crisis sanitaria, ya que muchos pacientes no recibieron la atención adecuada.
Mientras las familias hondureñas sufrían la pérdida de sus seres queridos, los responsables de esta compra irregular realizaron transferencias bancarias de manera ilegal, sin cumplir con los procedimientos requeridos para la adquisición de los equipos.
El MP subraya que estos hechos representan una burla a la desesperación del pueblo hondureño en uno de los momentos más críticos de su historia.
Los ventiladores permanecen almacenados en bodegas, sin haber sido utilizados para los pacientes a los que estaban destinados.
Este caso es parte de los esfuerzos del Ministerio Público por combatir la corrupción y exigir justicia por las vidas afectadas durante la pandemia.
