Esta antena permitía que las señales de internet se emitieran hacia el interior del módulo de mínima seguridad del Centro Penal de Támara.
Tegucigalpa, Honduras – Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público, han desmantelado una antena tipo torre de 100 pies de altura que servía para la instalación de un sistema de antenas receptoras y transmisoras de señal de internet hacia el Centro Penal de Támara.
Esta acción tuvo lugar en una propiedad privada en el sector de San Matías, Francisco Morazán.
Detalles de la Operación
La estructura desmantelada tenía un alcance máximo de 5 kilómetros en línea directa y su costo supera el millón y medio de lempiras.
Esta antena permitía que las señales de internet se emitieran hacia el interior del módulo de mínima seguridad del Centro Penal de Támara, desde donde se distribuían a los demás módulos.
Mire aquí: PMOP desmantela antena para redireccionar internet en la cárcel de Támara
Equipo Decomisado
En el operativo, se decomisó el siguiente equipo técnico:
- 8 antenas Rocket M5 cuadrada
- 8 antenas M5 tipo plato
- 4 amplificadores de señal
- 2 dispositivos Mikrotik
- 12 POE
- 2 protectores térmicos
- 4 cables de alimentación
- 3 regletas
- 50 metros de cable de internet
- 2 baterías de 100 amperios y 12 voltios
- 1 UPS de 300 vatios
- 1 torre de 100 pies
- 1 cámara de video
Este desmantelamiento es parte de las acciones continuas para mejorar la seguridad en los centros penales y evitar el uso no autorizado de tecnología para la comunicación y otras actividades ilícitas dentro de las cárceles.
Implicaciones de la Operación
La desactivación de esta antena supone un golpe significativo a las operaciones ilícitas dentro del Centro Penal de Támara, especialmente en lo relacionado con la comunicación externa.
Las autoridades continúan trabajando para asegurar que estos centros penitenciarios no sean vulnerables a este tipo de infiltraciones tecnológicas.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público seguirán realizando operativos para garantizar la seguridad y el orden dentro de los centros penitenciarios del país.
