Managua, Nicaragua
El Gobierno de Nicaragua ha rechazado de manera contundente el informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano, calificándolo como un “nuevo atropello y agresión” a su soberanía.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, firmaron un pronunciamiento donde expresaron su desconocimiento absoluto ante lo que consideran una atribución injustificada por parte del Gobierno estadounidense como “guardián de los derechos humanos en el mundo”.
El Ejecutivo sandinista rechazó el informe que documenta el cierre de más de 300 organizaciones de la sociedad civil, la privación de ciudadanía a 300 personas y la detención de más de un centenar de presos políticos en “condiciones atroces”. Además, denunciaron los crímenes cometidos por Estados Unidos contra Nicaragua en distintos momentos de su historia.
En su pronunciamiento, Ortega y Murillo instaron a Washington a cumplir con la sentencia histórica de la Corte Internacional de Justicia del 27 de junio de 1986, que condenó a Estados Unidos por los daños causados al financiar la guerra interna en Nicaragua en la década de 1980.
La pareja presidencial nicaragüense reafirmó su desprecio por las “ínfulas y aires de grandeza” de los “imperialistas de la tierra” y declaró que los informes de EE.UU. sobre Nicaragua son de ellos, sobre ellos y para ellos, subrayando que no reconocen tales documentos y rechazan una cultura de dominación y colonización.
El Gobierno de Nicaragua concluyó su pronunciamiento reiterando su llamado a Estados Unidos para que responda por sus crímenes y cumpla con la sentencia histórica que le obliga a indemnizar a Nicaragua por sus acciones durante la guerra interna en la década de 1980.
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