Tegucigalpa, Honduras
Tras el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que responsabiliza a Honduras por la destitución ilegal de magistrados en 2012, surge una llamada a rendir cuentas. Diputados y analistas instan a investigar y señalar a los orquestadores del golpe a la Sala de lo Constitucional, además de prepararse para los significativos desembolsos económicos que implica la indemnización.
La mañana de este lunes, la CIDH sentenció que el Estado hondureño deberá indemnizar a los cuatro magistrados injustamente destituidos de la Corte Suprema de Justicia.
Para el analista Juan Carlos Barrientos, el costo financiero de esta resolución será considerable. “Los pagos abarcarán honorarios de abogados, salarios, bonificaciones, seguros, además de los daños emocionales sufridos. Estamos hablando de sumas millonarias, considerando que cada magistrado tenía cinco años de servicio pendientes”, explicó Barrientos.
Sin embargo, Barrientos también expresó preocupación por la posibilidad de que el Estado no cumpla con esta sentencia, dado que la CIDH carece de mecanismos coercitivos para garantizar el pago. “La ejecución de esta sentencia queda prácticamente a discreción del Estado”, advirtió.
Por otro lado, el diputado Carlos Umaña del Congreso Nacional demandó una investigación exhaustiva para identificar a los responsables intelectuales del golpe y exigirles rendición de cuentas. “Solo así se podrá alcanzar una verdadera justicia”, afirmó.
El canciller Enrique Reina también se pronunció al respecto, calificando los hechos como “vergonzosos” y destacando la necesidad de reparar el daño causado a las víctimas.
En 2012, una comisión del Congreso Nacional recomendó la destitución de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y la magistrada Rosalinda Cruz Sequeira, tras emitir tres fallos de inconstitucionalidad. La destitución fue aprobada en una sesión en la madrugada por mayoría del Congreso Nacional.
Esta sentencia de la CIDH, más de una década después, confirma la responsabilidad internacional de Honduras por la destitución arbitraria de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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