Estados Unidos
El Legislativo de Florida avanza en un proyecto de ley que busca eliminar la validez de las identificaciones comunitarias, una iniciativa que puede privar a los inmigrantes indocumentados del acceso a múltiples servicios primordiales si es aprobada.
La iniciativa, promovida por el senador Blaise Ingoglia, ya ha sido aprobada en tres comités del Senado estatal y se halla próxima a ser debatida en el pleno, dominado por el Partido Republicano.
En la línea de otro proyecto aprobado el año pasado, que prohíbe que los Gobiernos locales destinen fondos a organizaciones que emiten estas identificaciones, la iniciativa de Ingoglia va más allá y directamente prohíbe a condados y ciudades a aceptar esas tarjetas, o IDs.
“Es un ataque a los inmigrantes, pero que no solo afecta a ellos sino a todos los otros beneficiados”, señaló a EFE Danielle Chanzes, una dominicana residente en el condado de Alachua, en el norte del estado, y quien desde hace años posee una de estas tarjetas.
La inmigrante hizo alusión a los otros usuarios de estas identificaciones, entre ellos indigentes, expresidiarios o ancianos, para quienes estos ID son la única manera de sacar un abono de transporte público, un carné de biblioteca o incluso registrarse para recoger a hijos a familiares de escuelas.
“Todos están preocupados, porque es un buen programa. Los IDs comunitarios ayudan a mucha gente”, revela Chanzes, quien es voluntaria en una clínica legal organizada por la Coalición de Derechos Humanos del Condado de Alachua.
La filial de Florida de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), estimó que prohibir a los municipios locales el reconocimiento de estas identificaciones constituye “una grave extralimitación del gobierno”.
“En lugar de sofocar la capacidad de los floridanos de vivir sus vidas, los legisladores de Florida deberían centrarse en hacer del estado un mejor lugar para vivir”, agregó la organización.
Desde la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) destacan que estas identificaciones son respaldadas por las fuerzas de seguridad locales, en vista de que son importantes herramientas para la seguridad pública.
El republicano Ingoglia, sin embargo, justifica su propuesta al señalar que estas identificaciones son un “imán” para la inmigración indocumentada.
“Creo que es malo que estemos creando imanes para que la gente venga y facilitemos que los inmigrantes ilegales se asimilen al país sin cruzar la frontera legalmente”, señaló cuando el proyecto fue discutido en el Comité Judicial del Senado.
Thomas Kennedy, portavoz de FLIC, señaló a EFE que es “desafortunado” que el senador opine así, en vista de que los fondos para estos programas son privados y al estado no le supone ningún desembolso.
La medida responde a un “juego político” que forma parte “de esa retórica trumpista que ha caracterizado al estado en los últimos cuatro o cinco años”, agrega Kennedy, en alusión al expresidente Donald Trump (2017-2021), quien es el principal favorito para hacerse con nominación republicana para las elecciones generales de noviembre próximo.
Chanzes es desde hace años una usuaria de estas identificaciones.
Cuenta a EFE, le ha servido “muchísimo”, en especial porque confirma que reside en el condado de Alachua, uno de los primeros de Florida en aceptar estas identificaciones que consignan la identidad, edad y dirección.
“No se lo dan a cualquiera”, recalca el portavoz de FLIC, tras señalar que para obtener una identificación comunitaria hay que pasar por un proceso que implica presentar una pruebas de residencia actual.
Solo en el sureño condado de Miami-Dade, donde el municipio empezó a reconocer estas identificaciones en 2022, en plena pandemia de la covid-19 y durante la cual se exigió una prueba de residencia para recibir la vacuna, se estima que el 10 % de su población no cuenta con ningún tipo de identificación.
Las organizaciones civiles prevén que la propuesta, que va respaldada por un proyecto similar en la Cámara de Representantes estatal, superará todas sus fases hasta llegar al escritorio del gobernador, el republicano Ron DeSantis, quien previsiblemente la firmará.
Kennedy señala que esperarán a ver cómo se implementa la norma y de qué manera afectará a sus beneficiarios, tras lo cual estudiarán el siguiente paso. “Si eso significa una demanda, lo haremos”, aseveró.
“Hay mucha gente en Tallahassee (capital del estado) que pareciera enviar el mensaje de que los inmigrantes no son bienvenidos, pero hay una comunidad que los va a aceptar”, manifestó a su turno Chanzes. EFE
