El Congreso Nacional derogó el Decreto 57-2020 y reformó el 9-2021, en una votación que logró la unanimidad de votos.
El Decreto 93-2021 está relacionado con la Ley de Lavado de Activos y el financiamiento contra el terrorismo. En tanto, el Decreto 57-2020 tenía que ver con quitarle la facultad al Ministerio Público de acusar cuando hay indicio racional de corrupción y sustraer documentos de las entidades del Estado.
Según se explicó la decisión de derogar el 57-2020 tiene como objetivo la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz para crear las condiciones adecuadas de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Para los diputados y la opinión pública estos decretos representaban pactos de impunidad y otorgaban blindaje a los corruptos.
