La orden de captura y la alerta roja internacional contra Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, quedaron temporalmente suspendidas por un período de cinco días, luego de una resolución emitida por un juzgado hondureño.
La decisión judicial le abre la posibilidad de presentarse voluntariamente ante los tribunales para responder por los señalamientos que enfrenta en una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la compra de tarjetas de plástico destinadas a la emisión de licencias de conducir.
Molina Rodríguez es investigado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos, de acuerdo con la información del caso difundida por las autoridades.
¿Por qué suspendieron la orden de captura contra Juan Ramón Molina?
La resolución fue emitida el 3 de noviembre de 2026 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.
Mediante esta determinación, el órgano jurisdiccional instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dejar temporalmente sin valor y efecto la orden de aprehensión que había sido librada el 16 de agosto de 2025.
La medida tiene una vigencia de cinco días y busca facilitar que el exfuncionario comparezca ante la justicia hondureña para la audiencia de declaración de imputado.
Su defensa legal ya se presentó ante los órganos jurisdiccionales para realizar las gestiones correspondientes y facilitar su comparecencia.Es importante aclarar que esta disposición no representa una absolución ni el cierre de la investigación, sino una suspensión temporal de la orden de captura.
¿De qué acusan al excoordinador de la Tasa de Seguridad?
Las investigaciones del Ministerio Público señalan a Molina Rodríguez por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato para adquirir tarjetas PVC destinadas a la emisión de licencias de conducir.
Según la información divulgada sobre el expediente, la operación contemplaba la compra de 400,000 tarjetas a una empresa que, al momento de recibir la adjudicación, tenía aproximadamente dos meses de haberse constituido.
