El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), se pronunció sobre la Ley de Justicia Tributaria, aduciendo que no fue socializada ni revisada como asegura el gobierno, al tiempo que la califican como un “Paquetazo Tributario”, que provocará la extinción de miles de fuentes de empleo, el desmoronamiento de la economía y se restringirá el acceso a la canasta básica.
La iniciativa privada se manifestó luego de la reciente decisión de la presidenta Xiomara Castro en Consejo de Ministros, de aprobar la remisión del Proyecto de Ley denominado “Ley de Justicia Tributaria” al Congreso Nacional.
Los empresarios mencionaron que “hemos intentado establecer un diálogo con el Gobierno a efecto de poder acordar junto con otros sectores de la sociedad hondureña un proyecto de reforma tributaria que permita al país poder mejorar sus indicadores de competitividad en relación con los aspectos tributarios. Sin embargo, no ha sido posible debido a la influencia de un grupo de funcionarios que considera a la empresa privada como enemigo y no como aliado”.
El Cohep describe que pese a versiones oficiales en el sentido que la normativa ha sido socializada, “lo evidente es que lo que se ha existido son exposiciones atacando a la empresa privada e insinuando malintencionadamente que emprender es un pecado”.
Además, aseguraron que el proyecto de ley que se ha remitido al Congreso Nacional coloca a Honduras en una clara desventaja competitiva frente a otros países de la región que han enfocado sus esfuerzos en políticas tributarias orientadas a la atracción de nuevas inversiones y generación de empleos.
Adicionan que el país demanda reformas tributarias profundas, pero estas deben de ir acompañadas del esfuerzo de la empresa privada que permita dinamizar la economía en cuanto a su formalización, ampliando con ello la base de obligados tributarios que permitiría al Estado obtener más ingresos fiscales por medio de las inversiones.
La Ley Tributaria provocará la extinción de miles de fuentes de empleo, el desmoronamiento de la economía, se restringirá el acceso a la canasta básica y se asegurará que Honduras se mantenga como el país más pobre del continente, remarca el Cohep.
Solicitan al Poder Legislativo escuchar a los distintos sectores de la sociedad hondureña y no permita la aprobación de un proyecto de ley que no ha sido consensuado y que afecta a tantos ciudadanos.
Para finalizar, declaran: “Hacemos un llamado a los diputados a no ceder ante las amenazas de persecución por parte de miembros del Poder Ejecutivo, y a actuar con integridad y valentía en representación de sus electores”.
Mecanismo de amenaza
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García expuso que no ha existido diálogo con los actuales funcionarios y diputados para debatir la Ley Tributaria.
Aseveró que la normativa se convierte en un mecanismo de amenaza al sector privado a los sectores productivos que se oponen a la misma.
Lamentó que no exista tolerancia en el diálogo entre el gobierno y el sector privado.
Aquí el Comunicado integro:
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ante la reciente decisión de la Presidencia de la República en Consejo de Ministros de aprobar la remisión del Proyecto de Ley denominado “Ley de Justicia Tributaria” al Congreso Nacional de la República, a la ciudadanía en general y a la comunidad empresarial e internacional comunica lo siguiente:
PRIMERO: Como organización cúpula de la empresa privada, hemos intentado establecer un diálogo con el Gobierno de la República a efecto de poder acordar junto con otros sectores de la sociedad hondureña un proyecto de reforma tributaria que permita al país poder mejorar sus indicadores de competitividad en relación con los aspectos tributarios. Sin embargo, no ha sido posible debido a la influencia de un grupo de funcionarios que considera a la empresa privada como enemigo y no como aliado.
Es importante mencionar que se afirma que el proyecto ha sido socializado cuando es evidente que lo que se ha hecho son exposiciones atacando a la empresa privada e insinuando malintencionadamente que emprender es un pecado. Convenientemente, se obvia que son los empresarios quienes más contribuyen con recursos económicos para que la población tenga salud, educación, seguridad y bienestar social.
SEGUNDO: El proyecto de ley que se ha remitido al Congreso Nacional de la República, coloca a Honduras en una clara desventaja competitiva frente a otros países de la región que han enfocado sus esfuerzos en políticas tributarias orientadas a la atracción de nuevas inversiones y generación de empleos.
TERCERO: Reconocemos que el país demanda reformas tributarias profundas, pero estas deben de ir acompañadas del esfuerzo de la empresa privada que permita dinamizar la economía en cuanto a su formalización, ampliando con ello la base de obligados tributarios que permitiría al Estado obtener más ingresos fiscales por medio de las inversiones.
Alertamos a la población hondureña que con este proyecto de ley tributaria se provocará la extinción de miles de fuentes de empleo, el desmoronamiento de la economía, se restringirá el acceso a la canasta básica y se asegurará que Honduras se mantenga como el país más pobre del continente.
CUARTO: Hoy la responsabilidad está en el Congreso Nacional de la República y sus diputados, quienes le deben al pueblo hondureño discutir debidamente este proyecto de ley. Hacemos un llamado a los diputados a no ceder ante las amenazas de persecución por parte de miembros del Poder Ejecutivo, y a actuar con integridad y valentía en representación de sus electores.
Esperamos que este Poder del Estado SÍ CUMPLA con su deber de escuchar a los distintos sectores de la sociedad hondureña y no permita la aprobación de un proyecto de ley que no ha sido consensuado y que afecta a tantos ciudadanos.
QUINTO: Es imperativo que el Gobierno comprenda de una vez por todas que su constante hostilidad hacia la empresa privada sólo genera incertidumbre y erosiona la confianza en nuestra economía y en Honduras como destino de inversión. Desde el sector privado, continuaremos esforzándonos por trabajar de manera conjunta, incluso cuando se intenta dividir el país y marginar a quienes buscamos el bienestar común.
SEXTO: Finalmente, recordamos que es el Estado por medio de sus Poderes quien debe de garantizar las libertades de iniciativa, comercio, industria ocupación e inversión sin privarnos del derecho de coexistir democrática y armónicamente a través de las diversas formas de propiedad y empresa como manda el artículo 331 de la Constitución de la República.
