El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió a la Corte Suprema para solicitar que le permita continuar con las deportaciones de migrantes hacia países distintos a aquellos de los que son originarios.
La petición fue presentada este jueves por el Departamento de Justicia, después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, dejara vigente una resolución que limita esta política migratoria.
El caso gira en torno a las garantías que deben recibir los migrantes cuando Estados Unidos pretende enviarlos a un tercer país, es decir, una nación que no es su lugar de origen.
Gobierno de Trump busca continuar con las deportaciones
El fiscal general Todd Blanche anunció que el Departamento de Justicia recurriría ante el máximo tribunal estadounidense para intentar mantener vigente la política.
Posteriormente, el Gobierno presentó formalmente una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, identificada en el expediente como DHS v. D.V.D.. La petición fue presentada el 24 de septiembre y la jueza Sonia Sotomayor solicitó una respuesta para el 28 de septiembre.
La Administración sostiene que las restricciones impuestas por los tribunales dificultan la ejecución de las expulsiones y generan problemas logísticos.
Entre los argumentos presentados por el Gobierno está la cancelación de vuelos de deportación que, según su versión, estaban programados hacia terceros países. Un vuelo con alrededor de 70 personas fue cancelado después de que entrara en vigor la decisión judicial.
¿Qué decidió el tribunal de apelaciones?
La disputa comenzó con una resolución de un juez federal de Boston que cuestionó la manera en que el Gobierno estaba realizando las deportaciones hacia terceros países.
Posteriormente, el Primer Circuito de Apelaciones confirmó en gran medida esa decisión y determinó que los migrantes deben recibir una notificación adecuada y una oportunidad significativa para plantear si enfrentan riesgos de persecución o tortura en el país al que serían enviados.
El tribunal dejó sin efecto una suspensión que había permitido temporalmente al Gobierno continuar con las deportaciones mientras avanzaba el proceso judicial.
Con ello, las autoridades migratorias enfrentan mayores requisitos antes de enviar a una persona a un país diferente al suyo.
Migrantes deben conocer el destino de la deportación
Uno de los puntos centrales de la disputa es el derecho de los migrantes a conocer con anticipación el país al que serán enviados y poder plantear objeciones relacionadas con posibles riesgos.
Los tribunales inferiores consideran que esa oportunidad debe ser efectiva y no limitarse a una notificación insuficiente antes de ejecutar la expulsión.
La discusión adquiere especial relevancia en los casos de personas que tienen algún tipo de protección frente a una deportación hacia su país de origen debido a temores de persecución o tortura.
El Gobierno de Trump, por su parte, sostiene que los requisitos establecidos por los tribunales pueden retrasar las expulsiones y complicar los acuerdos alcanzados con otros países.
Más de 25,000 migrantes enviados a terceros países
Desde que la Administración Trump implementó esta política, más de 25,000 migrantes han sido enviados a terceros países, de acuerdo con datos citados por Reuters y otros medios estadounidenses.
Los destinos han incluido a México y otras naciones de África, Asia y América, mediante acuerdos establecidos por el Gobierno estadounidense.
La Administración ha defendido estos mecanismos como una herramienta para ejecutar las órdenes de expulsión cuando no es posible realizar rápidamente el retorno al país de origen.
Sin embargo, organizaciones y abogados que representan a migrantes han cuestionado el procedimiento y sostienen que las personas deben tener la posibilidad de advertir sobre riesgos antes de ser enviadas a un tercer país.
