Tegucigalpa.- Una profunda zozobra y un clima de total inseguridad sacuden este miércoles a los habitantes y transportistas del emblemático Barrio El Bosque en la capital, luego de que presuntos integrantes de organizaciones criminales profirieran una violenta advertencia contra los operadores del servicio de taxi de la zona. La intimidación, que puso en alerta a todo el gremio del transporte urbano, desató una inmediata reacción de protección ante el temor fundado de que los grupos al margen de la ley materialicen atentados letales contra los trabajadores del volante.
Según los reportes brindados por los propios afectados, los delincuentes hicieron llegar hasta la terminal un paquete intimidatorio que contenía un teléfono celular y varios proyectiles útiles de arma de fuego, acompañados por la tajante exigencia del pago periódico de extorsiones bajo la modalidad del autodenominado «impuesto de guerra». Ante la gravedad del ultimátum y la evidente vulnerabilidad de sus vidas, los operarios de las unidades de transporte decidieron suspender de manera indefinida la prestación del servicio público, dejando incomunicados a cientos de usuarios que cotidianamente dependen de esta ruta para trasladarse hacia el centro històrico y sectores aledaños.
La paralización de las unidades ha generado un severo impacto en la movilidad urbana de la capital, evidenciando una vez más el azote implacable que el flagelo de la extorsión ejerce sobre la economía popular y los servicios esenciales. Ante esta crisis, los transportistas hicieron un llamado desesperado y urgente a las agencias especializadas de seguridad, exigiendo la intervención inmediata de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y de la Policía Nacional para que desplieguen operativos de blindaje en la terminal y garanticen la captura de los responsables.
Las autoridades policiales informaron que equipos tácticos e inteligencia se han desplazado hacia el sector para iniciar las diligencias investigativas correspondientes y establecer canales de comunicación directa con el gremio afectado. La ciudadanía y los trabajadores exigen respuestas contundentes del Estado para disuadir a las estructuras criminales y restablecer el orden público en una de las zonas comerciales y residenciales más tradicionales de Tegucigalpa.
