Tegucigalpa.- En un giro trascendental dentro de las investigaciones adelantadas por los órganos de justicia, uno de los dos menores de edad procesados penalmente por su presunta vinculación en el delito de desplazamiento forzado en agravio de cuatro testigos protegidos ha recibido un sobreseimiento definitivo. La determinación judicial, adoptada en los tribunales competentes de la capital, excluye formalmente al adolescente de la causa instruida por el Ministerio Público, al desestimarse la continuidad de los cargos bajo los fundamentos presentados inicialmente por la fiscalía.
Los hechos que motivaron el proceso penal se remontan al pasado seis de septiembre en el sector ocho de la populosos colonia Villa Nueva, una zona urbana donde las autoridades han redoblado la vigilancia para combatir conductas delictivas asociadas al control territorial. Mientras el primer encausado ha logrado apartarse del procedimiento legal tras la resolución favorable, la situación jurídica del segundo menor implicado diverge sustancialmente, por lo que su expediente continuará bajo el escrutinio y las determinaciones de los jueces de niñez infractora.
Este pronunciamiento procesal marca un hito importante en la gestión de los expedientes manejados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), instancia que había estructurado la acusación basándose en los testimonios resguardados de las víctimas. Expertos en derecho penal juvenil subrayan que los fallos de esta naturaleza exigen un delicado equilibrio entre la persecución implacable de los ilícitos de impacto social y la salvaguardia de las garantías procesales consagradas para los menores de edad dentro del sistema judicial hondureño.
Con el avance de las indagaciones complementarias sobre el segundo involucrado, las autoridades judiciales reiteraron su compromiso de esclarecer con total imparcialidad los hechos de violencia que vulneran la tranquilidad de los habitantes en las periferias urbanas. Se espera que en las próximas semanas el órgano jurisdiccional defina las siguientes etapas procesales para dar cumplimiento al marco normativo vigente en materia de criminalidad organizada y protección a víctimas.
