La presidenta de la República, Xiomara Castro, ordenó este jueves que las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) queden a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) en cumplimiento de la Constitución y la Ley Electoral, con el fin de garantizar la seguridad del proceso de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Sin embargo, la instrucción presidencial incluye una función que no está contemplada en la ley: el aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados, una atribución que ha generado polémica en el ámbito político y jurídico.
De acuerdo con el documento oficial, esta medida se adopta luego de que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, solicitara al pleno del CNE que los militares participaran en la protección de las actas. La petición fue canalizada mediante el enlace militar asignado al órgano electoral.
Polémica por funciones no atribuidas en la ley
El mandato presidencial fue rechazado por la presidenta del CNE, así como por sectores académicos y civiles, que consideran que la orden desnaturaliza la función constitucional de las Fuerzas Armadas, limitadas por ley a la seguridad, vigilancia, custodia y transporte del material electoral, pero no al control o transmisión de resultados.
“El resguardo de actas y la transmisión de datos son atribuciones técnicas y civiles, no militares”, advirtieron especialistas en derecho constitucional, al considerar la medida como una intromisión en el proceso electoral.
Audios revelados y advertencia presidencial
La decisión se da tras la divulgación de audios entregados por el consejero Marlon Ochoa, afín al partido Libre, los cuales habrían sido remitidos al Ministerio Público y revelarían una presunta conspiración para manipular el transporte del material electoral y alterar resultados.
En su cuenta de X (antes Twitter), la presidenta Castro advirtió:
“Que lo sepan todos: ningún acto dirigido a sabotear la transparencia electoral, violar la soberanía del pueblo o alterar la paz democrática será tolerado”.
La instrucción fue emitida bajo la fórmula de “Comuníquese y cúmplase”, dejando en manos del CNE y las Fuerzas Armadas la responsabilidad de garantizar la integridad del proceso electoral desde la preparación hasta la declaratoria final de resultados.
