El Gobierno de Honduras decidió disolver la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y designó al general en condición de retiro Walter Lacayo como nuevo titular del sistema carcelario a nivel nacional.
La decisión se produce en medio de cuestionamientos sobre la efectividad de la intervención implementada en los centros penales, especialmente ante las constantes denuncias relacionadas con redes de extorsión que operan desde el interior de las cárceles.
De acuerdo con la información disponible, Lacayo ya se presentó en las instalaciones del INP, donde sostuvo sus primeras reuniones con el personal, marcando el inicio de una nueva etapa en la administración penitenciaria.
Cambio en medio de crisis carcelaria
El relevo ocurre en un contexto complejo para el sistema penitenciario hondureño, que en los últimos meses ha sido objeto de críticas por la persistencia de estructuras delictivas que continúan operando desde los centros penales.
Las autoridades buscan con esta medida retomar el control y fortalecer la gobernabilidad dentro de las cárceles, un reto que ha sido recurrente en diferentes administraciones.
Intervención previa bajo mando militar
Cabe recordar que a inicios de enero, la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (SIPENA), bajo control de las Fuerzas Armadas de Honduras, asumió la administración del INP.
Dicha comisión fue presidida por el coronel Othoniel Gross Castillo, acompañado por los comisionados adjuntos Erwin Roberto Lara Franco y Raúl Alexis Fuentes Borjas, quienes tenían la tarea de reorganizar el sistema y enfrentar la criminalidad dentro de los recintos penitenciarios.
Expectativa por nuevo enfoque
Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuáles serán las estrategias que implementará Walter Lacayo al frente del INP, aunque se espera que en los próximos días Casa de Gobierno brinde información oficial sobre el rumbo que tomará la nueva gestión.
El nombramiento genera expectativa en distintos sectores, que demandan resultados concretos frente a problemas estructurales como la sobrepoblación, el control de maras y pandillas, y la continuidad de delitos como la extorsión desde los centros penales.
