Tegucigalpa, Honduras. – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó este lunes que existen responsabilidades penales en el caso de corrupción conocido como el “Checazo”, luego de una auditoría que reveló presunto desvío de fondos públicos para actividades político-electorales del partido Libertad y Refundación (Libre).
El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, explicó que los hallazgos ya fueron remitidos al Ministerio Público (MP), institución que deberá tipificar los delitos cometidos y presentar los requerimientos fiscales correspondientes. El informe detallado estará disponible en el sitio web del órgano contralor en los próximos días.
El caso del “Cheque Video”
El escándalo salió a la luz tras la difusión de un video en el que la diputada por Copán, Isis Cuéllar, conversa con el entonces ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, sobre la utilización de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para financiar actividades de campaña del oficialismo.
En la grabación, Cuéllar admite que los fondos se usaron para la compra de kits valorados en 125 mil lempiras cada uno, que incluían equipos de sonido, sillas, carpas, camisetas, banderas y artículos promocionales destinados a las estructuras políticas de Libre en Copán.
Cardona, por su parte, aparece en tono de complicidad, mencionando a dirigentes locales y sugiriendo medidas contra quienes cuestionaban el manejo de esos recursos.
Consecuencias políticas
El impacto del caso llevó a la destitución de Cardona como titular de Sedesol y a la supuesta suspensión de Cuéllar de sus funciones partidarias y legislativas. No obstante, en la práctica, la diputada ha recobrado protagonismo político, lo que ha generado críticas sobre la falta de sanciones efectivas dentro del partido.
Camino judicial
Con la confirmación del TSC, el caso pasa ahora a la esfera del Ministerio Público, que deberá determinar si existen elementos para acusar por delitos como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos o fraude.
Este nuevo paso reaviva el debate sobre la transparencia en el uso de los fondos estatales y la urgencia de fortalecer los mecanismos de control para evitar que el dinero de los hondureños se desvíe con fines proselitistas.
