Tegucigalpa.- En un revés para la estrategia legal del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, la Corte de Apelaciones respectiva habría optado por inadmitir el recurso interpuesto por sus apoderados legales. La acción jurídica pretendía anular el auto de formal procesamiento dictado previamente por los tribunales de instancia, buscando un sobreseimiento definitivo que eximiera al alto oficial de los señalamientos penales formulados en su contra.
Los defensores del jerarca castrense habían estructurado su argumentación jurídica denunciando presuntas anomalías procesales durante la audiencia inicial, tales como la exclusión de dos dictámenes periciales y diversas pruebas documentales ofrecidas por la defensa, así como supuestas irregularidades en la admisión de elementos probatorios presentados por el Ministerio Público. Pese a estas objeciones sobre el debido proceso, la negativa del tribunal ratifica la continuidad de la causa penal instruida por los delitos de incitación a la discriminación y limitación de derechos fundamentales.
El origen de este litigio se remonta a la polémica publicación de un comunicado institucional titulado «Sicarios de la verdad», emitido por la institución armada bajo su mando, el cual fue interpretado por los acusadores como una vulneración a las garantías constitucionales y un acto de hostigamiento. Con la resolución de la segunda instancia que confirma el curso del expediente, las partes involucradas se alistan para la siguiente etapa procesal fijada en el calendario judicial.
Las agendas de los tribunales señalan el próximo catorce de septiembre como la fecha límite para la celebración de la audiencia preliminar, diligencia en la cual se determinará si el caso es elevado a juicio oral y público. Este proceso mantiene la atención de los sectores políticos y jurídicos del país, al poner bajo el escrutinio de la ley la responsabilidad de las más altas jerarquías militares en el ejercicio de sus funciones comunicacionales.
