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Transportistas denuncian extorsión con solicitud de “aguinaldo” por bandas criminales

Tegucigalpa, Honduras – El dirigente de transporte Jorge Lanza alertó sobre un preocupante incremento en las exigencias de extorsión hacia el sector, revelando que las bandas criminales han comenzado a pedir un “aguinaldo” como parte de los pagos ilegales que los transportistas deben realizar para preservar sus vidas y las de sus empleados.

“La situación de extorsión en el transporte lleva años sin controlarse. Estamos obligados a entregar dinero para mantener nuestra seguridad. Ahora, ya no sabemos ni a quién se paga porque hay una proliferación de grupos criminales”, declaró Lanza.

Pago de extorsión en fechas festivas

Según el dirigente, la exigencia de dinero no se limita a los pagos regulares. En fechas como Navidad, Semana Santa e incluso en celebraciones locales, los extorsionadores demandan dinero adicional bajo el pretexto de “regalos para tamales, pescados o vacaciones”.

Esta situación agrava aún más la precaria economía del sector transporte.

Lanza estimó que, a nivel nacional, el transporte público paga entre 250 y 300 millones de lempiras mensualmente en extorsiones.

Sin embargo, cuestionó el destino del dinero confiscado a los extorsionadores por las autoridades. “Cuando la policía captura a estas personas, el dinero que nos han quitado no se nos devuelve”.

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“Hemos propuesto que ese dinero sea utilizado para renovar nuestras flotas o implementar tecnología de seguridad, pero hasta ahora no hay respuestas”, lamentó.

El dirigente también enfatizó que el crecimiento desmedido de la extorsión es resultado de la falta de acción contundente por parte de las autoridades.

“Es urgente que el gobierno actúe con firmeza para erradicar este flagelo. No podemos continuar en esta situación donde nuestras vidas y nuestro trabajo están constantemente amenazados”, concluyó.

La extorsión sigue siendo uno de los principales retos de seguridad en Honduras, afectando tanto a transportistas como a otros sectores económicos, quienes enfrentan el dilema de pagar para garantizar su supervivencia o arriesgar sus vidas al negarse a cumplir con estas demandas ilícitas.

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