Tegucigalpa, Honduras – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes un nuevo informe que revela una supuesta red de corrupción en la Secretaría de Gobernación, señalando directamente al ministro Tomás Vaquero y a otros exfuncionarios de haber facilitado el desvío de más de 103 millones de lempiras.
La investigación, denominada “El negocio de gobernar: cómo el poder se sirve del pueblo”, expone que se realizaron operaciones amañadas para beneficiar a familiares y allegados con contratos, sin que existieran los controles necesarios, lo que habría permitido el drenaje de fondos públicos.
Clientelismo político y uso irregular de fondos
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, afirmó que el ministro Vaquero autorizó que el Poder Legislativo administrara recursos que corresponden al Poder Ejecutivo, lo que abrió la puerta al clientelismo político.
“Esto no fue un error, fue un acto deliberado que abrió la puerta al oportunismo y la impunidad”, expresó Castellanos durante la conferencia de prensa, en la que advirtió que las decisiones se tomaban desde “la cima del poder”.
Por su parte, el jefe de la unidad de investigaciones del CNA, Luis Urbina, detalló que entre 2022 y 2023 la Secretaría de Gobernación permitió la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales seleccionadas por diputados, en un esquema que dio apariencia de legalidad a solicitudes ficticias.
Funcionarios señalados en el caso
El CNA responsabiliza al ministro Tomás Vaquero de la supuesta comisión de los delitos de administración desleal del patrimonio público y violación de los deberes de los funcionarios.
Asimismo, se señala a la exgerente administrativa de la Secretaría de Gobernación, Jackeline Lizzette Pinto Dubón, por violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles y fraude. Según el informe, Pinto tenía vínculos directos con seis organizaciones que recibieron fondos, además de que su esposo figuraba como apoderado legal de las ONG beneficiadas y su cuñada integraba las juntas directivas.
Irregularidades en la normativa
El CNA explicó que el esquema violó lo establecido en la Ley del Presupuesto 2023, ya que el ministro Vaquero añadió requisitos no contemplados, como que las alcaldías, ONG o mancomunidades presentaran una ficha firmada por un diputado para ejecutar los fondos.
De esta manera, los fondos presupuestarios destinados a proyectos de infraestructura menor y obras sociales habrían sido manejados bajo criterios políticos, en un esquema que debilitó la institucionalidad y alimentó el clientelismo.
