Tegucigalpa, Honduras – El reconocido abogado penalista Marlon Duarte aseguró durante su participación en el podcast Dos que Tres con el periodista Dennis Andino, que el Estado de Honduras no puede legalmente devolver el dinero invertido por ciudadanos en la empresa Koriun Inversiones, involucrada en un escándalo de supuesta estafa piramidal.
“Vos venías y agarrabas un fajo de 200 mil, de 50 mil, y te ibas a gastarlo. No había ni un control. Es muy delicado lo que pasó y mucha gente va a salir afectada”, señaló Duarte, al referirse a cómo operaba la compañía que ofrecía altos rendimientos a cambio de inversiones sin respaldo.
El Estado no está obligado a pagar
Ante la pregunta del periodista sobre si el Estado tiene la obligación de devolver el dinero, Duarte fue tajante: “No se puede. Este es un caso de naturaleza privada. Un funcionario no puede venir y decir: ‘¿Usted entregó 10 mil lempiras? Aquí tiene sus 10 mil lempiras’. No funciona así”.
El abogado explicó que solo podría analizarse caso por caso bajo criterios de calamidad humanitaria, como personas que quedaron en la indigencia tras perder sus ahorros.
“Hay gente que vendió su casa, su carro, y ahora no tiene dónde vivir ni qué comer. El Estado está obligado a proteger la vida, pero no puede devolver el dinero simplemente porque alguien lo depositó”, sostuvo.
Una estafa piramidal sin control
Durante la entrevista, Duarte también criticó el papel de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), señalando su omisión ante las evidencias de irregularidades. “La CNBS se lava las manos. Ellos dicen que advirtieron en diciembre, pero en enero las filas eran enormes. Todo el mundo lo sabía”, afirmó.
Para el penalista, el esquema era insostenible desde el inicio. “Ninguna empresa en el mundo ofrece un 20% mensual de rendimiento, ni siquiera Amazon. Lo que vimos aquí fue una estafa piramidal, alimentada por nuevos aportantes, como pasa en todos estos fraudes”, expresó.
No hay figura legal para indemnizar
Duarte aclaró que el Estado solo es responsable de los daños causados por la acción u omisión de sus funcionarios, pero no puede ser obligado a cubrir las pérdidas derivadas de relaciones contractuales entre particulares.
“El Estado no obligó a nadie a invertir en Koriun. Si el funcionario fue negligente, se le debe investigar. Pero eso no implica que el Estado tenga que pagarle a todos los estafados”, reiteró.
El caso Koriun ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema financiero informal en Honduras y ha dejado a miles de personas sin recursos, muchas de ellas de escasos ingresos. Mientras las investigaciones continúan, las posibilidades de recuperar los fondos parecen cada vez más lejanas.
