Tegucigalpa.– La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió este martes revocar la amnistía política que había beneficiado a un exfuncionario del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), acusado de graves delitos en perjuicio de la administración pública.
Se trata de Ángel Danilo Estrada Zelaya, exgerente de Banadesa en Yoro, a quien el Tribunal de Sentencia le había concedido sobreseimiento definitivo en abril de 2025, aplicando el Decreto 04-2022, conocido como Ley de Amnistía.
Sin embargo, el Ministerio Público interpuso un recurso al considerar que no se trataba de un caso con motivación política, argumento que ahora ha sido respaldado por unanimidad de votos en el tribunal de alzada.
Más de L 3.9 millones desviados
De acuerdo con el requerimiento fiscal, Estrada Zelaya fue acusado desde el 7 de enero de 2010 junto a otros dos exfuncionarios, por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos y fraude.
Las investigaciones revelan que el exgerente habría permitido la desviación de fondos de la cartera crediticia de Banadesa, ocasionando un perjuicio económico estimado en L 3,905,094.52. Según la acusación, los pagos de los clientes del banco no fueron registrados en las cuentas oficiales, sino redirigidos de forma irregular para beneficio personal o de terceros.
Cabe destacar que por este mismo caso ya fueron condenadas otras dos personas, mientras que Estrada Zelaya había logrado acceder a un beneficio de amnistía que ahora queda sin efecto.
Juicio oral y público seguirá en curso
La Corte de Apelaciones determinó que la excepción por falta de acción presentada por la defensa no tiene lugar, por lo que ordenó la continuidad del juicio oral y público contra el exfuncionario.
En su resolución, los magistrados señalaron que aunque Estrada cumplía con requisitos formales de la Ley de Amnistía 2022, “no existe evidencia de una motivación política en los hechos imputados, ni una vulneración de derechos humanos por parte del Estado”, por lo que el caso debe ser juzgado como un proceso de corrupción y no como persecución política.
