Tegucigalpa, Honduras – La abogada Claudia Erazo, representante legal de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, presentó este lunes una recusación en contra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, con el fin de que no conozca la causa penal que ambos enfrentan.
Erazo aseguró que existe un claro conflicto de intereses que impediría a la titular del Poder Judicial ejercer como jueza natural en este expediente.
“Hemos presentado una recusación para el juez natural designado en virtud que existen intereses de conflicto”, declaró a periodistas que cubren la fuente judicial, al detallar los elementos que acompañó en su petición.
Señalan vínculo político de la magistrada presidenta
La profesional del derecho explicó que su solicitud se basa en que Obando fue integrante y fundadora del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Entre los documentos anexados incluyó un censo partidario en el que según dijo la presidenta de la CSJ figura como “votante-fundadora-militante”.
A juicio de Erazo, este antecedente compromete la imparcialidad requerida para resolver el caso en el que el Ministerio Público (MP) acusa a los magistrados Flores Urrutia y Barahona por la supuesta comisión del delito de prevaricato judicial.
Las acusaciones del Ministerio Público
De acuerdo con el expediente presentado por el MP, el magistrado Mario Flores Urrutia fue recusado por un ciudadano que lo señaló de emitir una opinión pública sin haber conocido formalmente el expediente en pleno.
El recurso estaba relacionado con la inscripción de dos ciudadanos como candidatos al Congreso Nacional.
Pese a la recusación, el 27 de octubre ambos magistrados habrían resuelto el caso sin conformar el quórum requerido ni seguir el procedimiento que establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral.
El ente acusador detalla que no se integró la pieza separada correspondiente, tampoco se notificó al magistrado recusado y no se convocó a un magistrado suplente, como ordena la normativa.
Un día después, el 28 de octubre, los funcionarios dictaron una sentencia definitiva en la que declararon con lugar los recursos y ordenaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) inscribir de inmediato a los dos ciudadanos involucrados.
