Comayagua, Honduras. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Comayagua, obtuvo un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra el conductor de una grúa involucrada en el trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado 17 de junio en la carretera CA-5, donde murieron siete agentes de la Policía Nacional y otras 29 personas resultaron heridas.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, al imputado se le supone responsable de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria, derivados del siniestro que conmocionó al país.
Accidente ocurrió en una curva de la CA-5
Según las investigaciones del ente acusador, el percance se registró a la altura del kilómetro 51 de la carretera CA-5, en el sector de El Rodeo, municipio de Villa de San Antonio, Comayagua.
La grúa se desplazaba desde Tegucigalpa con destino a San Pedro Sula cuando, presuntamente, circulaba a una velocidad inadecuada para las condiciones de la vía, caracterizada por una curva pronunciada y una pendiente descendente.
Las indagaciones señalan que el conductor perdió el control del vehículo pesado, provocando que este volcara e invadiera el carril contrario.
Impactó autobús policial y un cabezal
Tras perder el control, la grúa impactó inicialmente contra un autobús propiedad de la Secretaría de Seguridad que transportaba a agentes policiales. Posteriormente, colisionó contra un vehículo tipo cabezal que transitaba por la zona.
La magnitud del choque provocó la muerte de siete miembros de la Policía Nacional, mientras que otros 29 uniformados sufrieron lesiones de diversa consideración, por lo que varios requirieron atención médica especializada.
Además de las pérdidas humanas, el accidente dejó cuantiosos daños materiales, incluyendo la destrucción total del autobús asignado a la institución policial.
Fiscalía presentó pruebas técnicas y periciales
El Ministerio Público informó que durante la etapa inicial del proceso se recopilaron diversos elementos de prueba sustentados en análisis técnicos, inspecciones y peritajes especializados.
Estas diligencias permitieron establecer indicios racionales suficientes sobre la posible responsabilidad del conductor en la ocurrencia del siniestro vial.
Tras evaluar la evidencia presentada por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional determinó dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva, medida que mantendrá al imputado privado de libertad mientras continúan las investigaciones y avanza el proceso penal.
