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Presidenta Xiomara Castro se pronuncia oficialmente sobre la condena de JOH

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado y declarado culpable por Estados Unidos por conspirar en el tráfico de 500 kilogramos de cocaína durante el periodo 2004-2022. Fue señalado como un narcotraficante a gran escala que, desde la Casa Presidencial, abusó de su poder, explotó el sistema político para el narcotráfico, utilizó el ejército y la policía, y protegió a aquellos que lo instalaron en la Presidencia.

La debacle del Sistema de Justicia Hondureño y su complicidad con el crimen organizado se han evidenciado, confirmando la impunidad que hemos denunciado públicamente durante años. A pesar de nuestras denuncias en la resistencia y ante la comunidad internacional, en gran parte, hemos enfrentado el respaldo insuficiente y el apoyo a la narcodictadura.

Hoy, se reafirma que quienes tomaron el poder el 28 de junio de 2009 secuestraron el Estado con complicidad judicial para cometer delitos y someter al pueblo con represión en elecciones ilegítimas en noviembre de 2009. Además, perpetraron fraudulentos procesos electorales en 2013 y 2017, respaldados por la Unión Europea y los Estados Unidos.

Las impactantes confesiones de crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato del Zar contra la droga Arístides González, Alfredo Landaverde, los fiscales Orlan Chávez, Marlen Banegas y Oiga Eufragio, el periodista Aníbal Barrow, y el prisionero Magdalena Meza, Erika Julissa Bandy García, junto con centenares de personas ejecutadas a sangre fría, y la evidente corrupción público privada denunciada a lo largo de la década, son hechos de terror confesados por los perpetradores y colaboradores, que no toleraremos en la impunidad.

Desde mi gobierno del Socialismo Democrático, legitimado por el mandato masivo del pueblo en las urnas, demandamos justicia, no venganza. La resistencia anhela justicia, rindiendo homenaje al espíritu de nuestros mártires caídos durante los 12 años y 7 meses de lucha en las calles hasta derrotar la dictadura.

La élite de gánsteres que usurpó el poder junto con sus cómplices debe enfrentar consecuencias por sus crímenes, ser investigada y juzgada sin los obstáculos que han utilizado para entorpecer o burocratizar la justicia. Es imperativo desmantelar la organización criminal que aún opera y que fue establecida por las cabezas condenadas en el extranjero.

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