Tegucigalpa, Honduras – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Rebeca Raquel Obando, ordenó este viernes a la Supervisión General del Poder Judicial investigar la actuación de los jueces involucrados en el caso Guapinol.
La instrucción se emitió después de que la Corte de Apelaciones de La Ceiba, revocara el sobreseimiento definitivo de los defensores de Guapinol, quienes fueron acusados por diversos delitos.
“He instruido a la Supervisión General del Poder Judicial para que se investigue el actuar de las y los jueces conocedores de esta causa en las distintas instancias, a fin de establecer si ha existido cualquier tipo de actuación irregular, inobservancia al debido proceso o faltas contra la correcta administración de justicia”.
“Esta administración de la CSJ reafirma el compromiso de respetar el debido proceso y los derechos humanos”, destacó Obando en su comunicado.
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La decisión de la presidenta surge luego de que la Corte de Apelaciones de La Ceiba aceptara el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público en contra de la resolución de octubre de 2022, que había otorgado el sobreseimiento a cinco ambientalistas.
La resolución ordena revocar la decisión emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa y establece que se reanuden las investigaciones siguiendo los estándares legales.
El Ministerio Público había apelado el sobreseimiento otorgado a Juan Antonio López (asesinado), Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adaly Cedillo y Marco Tulio Ramos, quienes enfrentan cargos por privación injusta de libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita.
Estos ambientalistas, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Públicos de Tocoa, fueron detenidos en 2019 por su oposición a un proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), argumentando que la mina afecta las aguas de los ríos Guapinol y San Pedro, ubicados en una zona protegida.
En febrero de 2022, la defensa de los acusados interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, alegando violaciones al debido proceso, lo que llevó a que se les concediera un sobreseimiento definitivo.
Sin embargo, con la reciente revocación, el caso toma un nuevo rumbo, y la investigación judicial continuará para determinar si hubo irregularidades en el proceso.
Este caso ha captado la atención de organizaciones de derechos humanos y ambientalistas, quienes han señalado que los acusados son perseguidos por defender el medio ambiente.
