Tegucigalpa, Honduras
La Presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, junto a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y diversas instituciones del Estado, ha dado inicio a un diálogo de alto nivel para establecer una Jurisdicción Nacional Especial de Tierras, Territorio y Materia Ambiental.
Durante esta sesión de trabajo, se llevó a cabo un conversatorio abierto en el que participaron representantes de instituciones como la Secretaría de Estado en los Despachos de la Presidencia y de Recursos Naturales y Ambiente, el Instituto Nacional Agrario (INA), el Instituto de la Propiedad (IP), así como las Comisiones de Medio Ambiente y de Legislación y Asuntos Constitucionales del Poder Legislativo, la Fiscalía General y la Procuraduría General de la República (PGR).
Ráquel Obando resaltó la importancia de priorizar la prevención y gestión de la conflictividad social relacionada con la tierra, el territorio y el medio ambiente en el país. En este sentido, enfatizó en continuar con el diálogo y las acciones que permitan crear un marco legal que favorezca la creación de una jurisdicción especializada en estos temas, con un enfoque centrado en los Derechos Humanos.
La CSJ ha emprendido diversas acciones y estudios para facilitar la creación de estos órganos especializados, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia. Esto incluye investigaciones sobre la criminalización de defensores a través del delito de usurpación, así como el análisis de experiencias y legislaciones comparadas en otros países de América Latina.
El trabajo interinstitucional también aborda la necesidad de establecer criterios y mecanismos adecuados para concursos, formación y creación de plazas que garanticen una jurisdicción nacional con presencia en tres regiones del país y una Corte de Apelaciones. Esto permitirá resolver conflictos relacionados con el medio ambiente, la materia agraria, el patrimonio cultural y el territorio ancestral, asegurando el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
En el marco de la implementación del enfoque de Justicia Abierta, la Corte Suprema de Justicia ha mantenido reuniones con diversos actores, incluyendo organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, organizaciones campesinas, así como miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes.
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