Tegucigalpa, Honduras — Un juez con competencia en Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción determinó conceder cambio de medidas cautelares al excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, en el proceso judicial que enfrenta por la fallida compra de ventiladores mecánicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Durante una audiencia realizada este martes, al exfuncionario se le notificó la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario, bajo estrictas condiciones judiciales.
Nuevas medidas impuestas
Entre las medidas dictadas por el juez se incluye la obligación de firmar periódicamente en los tribunales de justicia, la prohibición de salir del país y una caución económica que ronda los siete millones de lempiras.
Gabriel Rubí enfrenta acusaciones por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, relacionados con la adquisición irregular de ventiladores mecánicos que no pudieron ser utilizados por estar en mal estado, lo que provocó un perjuicio económico superior a los 63 millones de lempiras al Estado hondureño.
Expediente involucra a otros exfuncionarios
Además de Rubí, en el expediente judicial también figura el nombre del excanciller Lisandro Rosales, quien continúa prófugo de la justicia. A Rosales también se le imputa participación en la compra irregular de los equipos médicos durante su gestión en el contexto de la pandemia.
El caso también implica a otros exfuncionarios, entre ellos Jessica Canahuati Farah, ex cónsul de Honduras en Nueva York; Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, todos acusados de los mismos delitos.
