Washington, Estados Unidos – Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes ha interpuesto una demanda contra la nueva normativa del Gobierno de Donald Trump, que exige a millones de migrantes registrarse ante las autoridades y portar un comprobante de inscripción en todo momento.
La querella, presentada el lunes en un tribunal del Distrito de Columbia, impugna la regulación impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al considerar que viola procedimientos legales y pone en riesgo los derechos de la comunidad migrante, según informó la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
Posibles sanciones y objetivo de la medida
Bajo esta normativa, los migrantes que no cumplan con el requisito de registro podrían enfrentar multas e incluso penas de cárcel, pese a que su estatus migratorio actual sea un asunto de carácter civil y no penal.
El Gobierno estadounidense, a través de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha justificado la medida como un mecanismo para incentivar la autodeportación de millones de indocumentados en el país.
“Este proceso es una redada masiva y una extensión de la campaña alarmista de la Administración Trump dirigida a inmigrantes con profundas raíces en sus comunidades y que contribuyen a la fortaleza y vitalidad de nuestra nación”, advirtió Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.
Críticas y fundamentos de la demanda
Los demandantes argumentan que el DHS incumplió las normas de procedimiento al no someter la norma a consulta pública, a pesar de su impacto en millones de personas.
Además, sostienen que la directriz carece de claridad, lo que podría generar confusión en su aplicación, especialmente en grupos con estatus de protección como los beneficiarios de TPS y DACA.
“Esta norma es una invitación al abuso generalizado… Estados Unidos no es un país donde se impongan los papeles, y esta norma pone en peligro las libertades y los derechos de millones de personas que viven aquí”, señaló Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Americano de Inmigración.
Base legal y antecedentes
La demanda ha sido presentada por CHIRLA junto a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW), CASA y Make the Road New York.
El grupo legal sostiene que la base jurídica de la norma proviene de una ley en desuso de la Segunda Guerra Mundial, originalmente diseñada para el registro de migrantes indocumentados que llegaban a Estados Unidos.
Las organizaciones proinmigrantes han solicitado la suspensión inmediata de la norma mientras el tribunal evalúa su legalidad y el impacto que tendría sobre la comunidad migrante en el país.
