ONU alerta que reformas penales en Honduras ponen en riesgo los derechos humanosLas recientes reformas penales aprobadas en Honduras para fortalecer la lucha contra las estructuras criminales encendieron las alertas de Naciones Unidas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) considera que varias disposiciones podrían debilitar garantías fundamentales y aumentar el riesgo de actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades.
La preocupación fue expuesta en un comunicado divulgado este jueves 12 de noviembre de 2026, en el que el organismo internacional examinó los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, aprobados en el marco de la estrategia estatal contra el crimen organizado.
Aunque reconoce que Honduras enfrenta importantes desafíos en materia de violencia, extorsión y delincuencia, la oficina de Naciones Unidas recordó que las acciones para combatir estos problemas deben respetar los derechos humanos y las obligaciones internacionales del país.
¿Por qué la ONU cuestiona las reformas penales en Honduras?
La OACNUDH considera que algunas de las disposiciones aprobadas incorporan restricciones que podrían afectar derechos protegidos por las normas nacionales e internacionales.
Uno de los principales cuestionamientos es que las nuevas medidas se asemejan a restricciones propias de un estado de excepción, pero sin que exista una declaratoria formal de suspensión de garantías.
El organismo advierte que esta situación podría generar riesgos para la población si las autoridades aplican las disposiciones sin controles adecuados y sin respetar los principios que rigen los procesos judiciales.
En su análisis, Naciones Unidas identificó seis aspectos que considera especialmente preocupantes dentro de la legislación.
Los seis puntos de las reformas que preocupan a Naciones Unidas
1. Tatuajes y apariencia como indicios de pertenencia criminal
La ONU cuestiona que las reformas permitan utilizar tatuajes y otros elementos externos para acreditar una posible vinculación con asociaciones terroristas.
La oficina recuerda que una persona no debe ser privada de su libertad únicamente por su apariencia física, vestimenta o características personales, ya que estas prácticas pueden derivar en perfilamientos y detenciones arbitrarias.
2. Allanamientos sin control judicial posterior
Otro aspecto señalado es la autorización de allanamientos sin que exista una revisión, supervisión o convalidación judicial posterior, según el análisis del organismo.
Para Naciones Unidas, esta disposición representa un riesgo para la inviolabilidad del domicilio y podría facilitar actuaciones arbitrarias durante los procedimientos policiales.
3. Prisión preventiva obligatoria
La OACNUDH también cuestiona la imposición automática de prisión preventiva en centros de máxima seguridad, sin una evaluación individualizada de cada caso.
El organismo advierte que esta medida puede afectar la presunción de inocencia, debido a que una persona podría permanecer privada de libertad bajo condiciones restrictivas antes de recibir una sentencia.
4. Ampliación del tiempo de detención a 48 horas
La ampliación del plazo de detención hasta 48 horas sin comparecencia ante un juez es otro de los puntos que genera preocupación.
Según Naciones Unidas, esta disposición incrementa el riesgo de detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y posibles desapariciones forzadas, especialmente cuando las actuaciones se sustentan en indicios externos.
5. Condiciones en las cárceles de máxima seguridad
El organismo también expresó inquietud por las condiciones que ha observado en centros penitenciarios de máxima seguridad.
De acuerdo con el monitoreo de la OACNUDH, existen medidas de confinamiento, aislamiento prolongado y restricciones en el acceso a atención médica que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La oficina considera que estas condiciones deben revisarse para garantizar que el sistema penitenciario respete la dignidad de las personas privadas de libertad y mantenga como objetivo su rehabilitación social.
6. Protección especial para determinados funcionarios
El sexto punto está relacionado con un régimen especial de protección frente a allanamientos para personas que ocupan o han ocupado determinados cargos públicos.
La ONU considera que esta disposición podría entrar en conflicto con el principio de igualdad ante la ley y con la obligación estatal de investigar posibles conductas delictivas, independientemente de quiénes estén involucrados.
¿A quiénes podrían afectar las reformas penales?
La preocupación de Naciones Unidas también se extiende a las consecuencias que estas disposiciones podrían tener sobre sectores que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
Entre los grupos mencionados se encuentran mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como comunidades que podrían verse afectadas por la aplicación de las nuevas medidas.
La OACNUDH advierte además sobre el riesgo de que algunas disposiciones se utilicen para criminalizar la protesta social o las actividades de defensa de los derechos humanos.
Por ello, considera necesario que las autoridades garanticen mecanismos de supervisión y protección para evitar que las acciones contra la delincuencia terminen afectando a personas que ejercen legítimamente sus derechos.
¿Qué recomienda la ONU al Estado hondureño?
Ante los riesgos identificados, la Oficina del Alto Comisionado pidió revisar las reformas para adecuarlas a los estándares internacionales de derechos humanos y adoptar medidas inmediatas que reduzcan la posibilidad de abusos.
Entre sus principales recomendaciones figura la creación urgente de un Registro Central de Personas Detenidas que sea de acceso público.
También solicitó garantizar una supervisión efectiva de las investigaciones por parte del Ministerio Público y asegurar que las personas privadas de libertad sean clasificadas mediante criterios técnicos.
Asimismo, instó a fortalecer las capacidades de la Defensa Pública, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (Conaprev), mediante recursos suficientes para que puedan cumplir sus funciones de vigilancia y control.
