Redacción – El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua manifestó este lunes su “profunda inquietud” tras la reciente aprobación de una enmienda constitucional por parte de la Asamblea Nacional nicaragüense.
Según el grupo, estas reformas otorgan al gobierno de Daniel Ortega un control prácticamente absoluto sobre la población y las instituciones del país.
Detalles de la reforma
La enmienda extiende el mandato presidencial de cinco a seis años, eleva a Rosario Murillo, actual vicepresidenta y esposa de Ortega, al cargo de “copresidenta”, y elimina la prohibición de censura a los medios de comunicación.
“La reforma parece diseñada para legalizar un control ilimitado del poder, socavando principios democráticos básicos como la libertad de prensa y la separación de poderes”, expresó Jan-Michael Simon, jurista alemán y presidente del grupo de expertos.
Además, la reforma otorga facultades al Ejecutivo para suspender derechos fundamentales durante estados de emergencia y permite la participación del ejército en tareas de seguridad interna a petición del gobierno, debilitando aún más la autonomía institucional.
Impacto en la democracia nicaragüense
Desde que Ortega asumió nuevamente la presidencia en 2007, esta es la duodécima reforma constitucional, y expertos aseguran que representa un golpe más al sistema democrático.
“Es una formalización de la fusión de los poderes del Estado bajo un mando único”, apuntó Simon.
El grupo hizo un llamado a la comunidad internacional para exigir al gobierno de Ortega el restablecimiento de los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales.
Denuncias previas
Ariela Peralta, jurista uruguaya, y Reed Brody, abogado de derechos humanos húngaro, quienes completan el grupo de expertos, también expresaron su preocupación por las continuas violaciones en Nicaragua.
En su último informe, publicado el 8 de noviembre, denunciaron ataques sistemáticos al sector universitario, incluyendo asesinatos, torturas y deportaciones de estudiantes, abusos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Entre las víctimas mencionadas se encuentran líderes estudiantiles como Lesther Alemán, Max Jerez y Yubrank Suazo, quienes sufrieron persecución y tortura durante las protestas de 2018.
