Tegucigalpa.- La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra la exdirectora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), Ninfa Suyapa Flores Castellanos. A la exfuncionaria se le acusa de ser autora del delito de acoso laboral vertical en perjuicio de dos abogadas que formaban parte del equipo legal de dicha institución durante su gestión entre 2023 y 2024.
Hechos imputados y abuso de autoridad
Según las investigaciones del Ministerio Público, Flores Castellanos habría utilizado su posición jerárquica para ejercer actos de hostilidad y presión psicológica extrema contra las víctimas:
- Coacción para renunciar: El informe fiscal detalla que el 4 de junio de 2024, la entonces directora convocó a las afectadas para exigirles la firma de sus renuncias mediante amenazas, expresiones denigrantes y la presunta manipulación de información personal extraída de sus dispositivos móviles.
- Uso de hombres armados: En esa misma fecha, la imputada se habría presentado en el despacho de una de las víctimas acompañada por cuatro sujetos armados para desalojarla de su puesto de trabajo, notificándole su despido de forma intimidatoria.
- Patrón de hostigamiento: Las diligencias revelan que las profesionales ya habían denunciado previamente actos de hostigamiento, lo que sugiere una conducta reiterada hacia el personal bajo su mando.
Gestión en el INAMI
Ninfa Suyapa Flores asumió la dirección del INAMI en septiembre de 2023 bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro, cargo que ocupó hasta junio de 2024, precisamente tras los incidentes que ahora son objeto de persecución penal. El caso ha sido remitido a los juzgados correspondientes, donde la Fiscalía solicitará las medidas cautelares pertinentes para asegurar la comparecencia de la imputada en el proceso judicial.
Consecuencias legales del acoso laboral vertical
El requerimiento fiscal busca sentar un precedente sobre el respeto a la dignidad y los derechos humanos en la administración pública:
- Protección a las víctimas: El Ministerio Público ha solicitado medidas de protección para las abogadas afectadas ante posibles represalias.
- Sanciones penales: De ser encontrada culpable, Flores Castellanos podría enfrentar penas que incluyen la inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de las responsabilidades civiles derivadas de los daños psicológicos causados.
- Garantía de integridad: La FEDH reiteró que ningún funcionario, independientemente de su rango, está por encima de la ley en lo que respecta al trato digno de sus subalternos.
