Cortés, Honduras — El Ministerio Público (MP) procedió a la destrucción de las armas de fuego utilizadas para la liberación del cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13), Alexander Mendoza, alias “El Porky“, durante una audiencia el 13 de febrero de 2020 en los tribunales de justicia en El Progreso, Yoro.
La destrucción de las armas se desarrolló en los predios del Tercer Batallón de Infantería en el sector de Naco, Cortés, con la presencia de representantes de la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, de la Policía Militar del Orden Público, (PMOP), Escuadrón Anti Bombas, Medicina Forense, autoridades judiciales y los apoderados legales de los acusados.
Entre el arsenal destruido figuraban AK-47, Fal, R-15, Uzi, dinamita, 9 mm, granadas, anti tanques y bombas lacrimógenas. Además, uniformes e insignias policiales y militares y proyectiles de diferentes calibres.
¿ Como fue la liberación de “El Porky”
Un grupo de personas armadas, presuntamente parte de la MS-13, irrumpió en un juzgado y liberó a Mendoza durante un operativo de rescate.
En esa operación participaron al menos 25 vehículos y aproximadamente 80 pandilleros vinculados a maras.
Mendoza había sido detenido en 2015 y enfrentaba cargos por cinco asesinatos y la presunta participación en dos homicidios de fiscales. En 2018, fue condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero y asociación ilícita.
La liberación de Alexander Mendoza dejó como resultado la muerte de Wilmer Antonio Pozo Rodríguez y de Rony Mauricio Rodríguez Osorto.
Quienes eran miembros de la PMOP; y de Albert Faviel Lanza Gallegos y Gerlin Oswaldo Ríos Herrera, agentes de la Policía Nacional.
“El Porky” se encuentra en la lista de los diez más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).
Órgano que se mantiene tras su pista desde 2022.
Las autoridades estadounidenses mantienen una recompensa de 5 millones de dólares, cerca de 100 millones de lempiras; a quien brinde información que ayude a dar con su paradero, el cual es desconocido.
Leer más: Comisión judicial recomienda revisión completa de protocolos de ingreso de menores a cárceles
