Tegucigalpa, Francisco Morazán.- El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), amplió las acciones de aseguramiento de bienes en el occidente de Honduras tras identificar nuevas propiedades y productos financieros vinculados a un hondureño investigado por presunto lavado de activos.
Las diligencias fueron ejecutadas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque.
Detectan nuevas cuentas bancarias y un vehículo
Como resultado de las inspecciones y análisis patrimoniales, las autoridades localizaron seis cuentas bancarias adicionales y un vehículo que inicialmente no figuraban dentro de las medidas cautelares solicitadas por el ente acusador.
Los nuevos hallazgos se suman a una serie de bienes previamente asegurados, entre ellos una gasolinera, viviendas, terrenos destinados a lotificación, beneficios de café, fincas, vehículos y diversos productos financieros.
Todos los bienes quedaron bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), mientras continúan las investigaciones del caso.
Investigado tiene alerta roja internacional
Según el Ministerio Público, las propiedades están relacionadas con un ciudadano hondureño contra quien se presentó requerimiento fiscal en mayo de 2025 y que actualmente cuenta con una alerta roja internacional.
Las pesquisas desarrolladas por la ATIC también permitieron identificar presuntos vínculos comerciales y financieros entre el investigado y Orlando Pinto Espino, señalado por las autoridades como uno de los principales líderes de la estructura criminal conocida como “Los Pinto”.
Más de L1,600 millones movilizados sin justificación clara
De acuerdo con información obtenida por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el principal investigado habría movilizado más de 1,600 millones de lempiras a través del sistema financiero nacional.
Las investigaciones revelan que una parte considerable de esos recursos no cuenta con respaldo documental ni justificación económica que permita establecer su origen lícito.
Asimismo, las autoridades detectaron un faltante de justificación superior a los 418 millones de lempiras, mientras que junto a su núcleo familiar tampoco habrían logrado acreditar el origen de una cifra cercana a los 500 millones de lempiras.
Sospechan que fondos provienen de actividades ilícitas
Tras las pericias financieras, análisis patrimoniales y diligencias investigativas realizadas por fiscales y agentes de la ATIC, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que parte de los recursos manejados por los investigados tendría origen en actividades ilícitas.
