Tegucigalpa, Honduras – En el marco de la Operación Nacional IV, el Ministerio Público de Honduras ha puesto en marcha una serie de acciones para proteger el patrimonio cultural y reforzar la lucha contra delitos que afectan a sectores vulnerables de la población.
A través de la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS), en coordinación con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), se realizan inspecciones en sitios arqueológicos ubicados en Francisco Morazán, Choluteca, Cortés y El Paraíso. Las acciones incluyen la verificación del estado de los monumentos históricos, así como su cuidado y restauración.
Además, se supervisan museos, restaurantes y otras edificaciones donde se exhiben piezas arqueológicas para asegurar que cumplan con las disposiciones legales vigentes.
Fiscalías refuerzan acciones contra la violencia doméstica y la trata de personas
En paralelo, la Fiscalía de Protección a la Mujer en Tegucigalpa se ha enfocado en verificar denuncias relacionadas con violencia de género.
En este contexto, se presentaron 30 requerimientos fiscales por casos vinculados a maltrato familiar, violencia y quebrantamiento de condena.
Asimismo, la Fiscalía Especial Contra la Trata de Personas (UTFESP) realizó inspecciones en unidades de transporte urbano y terminales para prevenir la explotación sexual comercial y el tráfico de personas.
Por su parte, la Fiscalía Regional de Occidente procesó más de 40 requerimientos fiscales derivados de investigaciones penales relacionadas con violencia doméstica, lesiones y delitos sexuales.
Supervisión interinstitucional en centros de atención y hospitales
La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) también participó activamente, en coordinación con la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), la Secretaría de Salud y el IHAH. En conjunto, inspeccionaron hospitales, asilos y centros de atención a adultos mayores para verificar el cumplimiento de normas sanitarias y derechos humanos.
Como parte de la operación, se incluyeron inspecciones a casas de habitación, centros educativos y oficinas públicas con el objetivo de detectar riesgos, irregularidades o condiciones que vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.
