Tegucigalpa. El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, denunció este martes ser víctima de lo que calificó como una “persecución política” impulsada desde el oficialismo, luego de que el Ministerio Público solicitara ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) su antejuicio, junto al de su homóloga Miriam Barahona, por presunto prevaricato judicial.
Flores Urrutia aseguró que en los últimos días ha observado vehículos sospechosos siguiéndolo y acciones que describió como parte de una campaña de intimidación. “He encomendado mi vida a Dios. Lo que ocurre es una persecución desmedida, similar a lo que pasa en otros países de la región”, manifestó.
El magistrado defendió que todas sus actuaciones y las de Barahona se han realizado conforme a la ley, asegurando que no hay espacio para la arbitrariedad en sus decisiones. “Nosotros aplicamos la ley sin importar nombres ni cargos. Cumplimos con lo que establece la normativa electoral y la Constitución”, explicó.
Flores Urrutia denunció que la acción del Ministerio Público busca debilitar la independencia del TJE y socavar las instituciones electorales. “Honduras necesita paz y democracia. Este antejuicio refleja una instrumentalización del Estado y un ataque directo a la democracia del país”, subrayó.
El magistrado también señaló que la persecución alcanza a otros funcionarios del ámbito electoral, incluyendo a la consejera del CNE Cossette López y a su colega Miriam Barahona, quienes, según él, han recibido presiones similares.
Flores Urrutia aseguró que las resoluciones que él y Barahona emitieron están fundamentadas en la Constitución, la Ley Electoral, la Ley de Organizaciones Políticas y tratados internacionales, incluyendo la Carta Interamericana de Derechos Humanos. “No se trata de ilegalidad, sino de ejercer independencia institucional. Todas nuestras decisiones se ajustaron a derecho”, concluyó.
