Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo capítulo se abre en el polémico entorno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, luego de que un juez natural admitiera la querella formulada por la consejera Cossette López contra su colega de pleno, el consejero Marlon Ochoa, por presuntos delitos de calumnia con publicidad.
La jueza encargada del caso declaró admisible la acción interpuesta el 3 de noviembre a través del abogado Dagoberto Aspra, lo que abre oficialmente el proceso judicial.
Según la acusación, Ochoa ha proferido insultos, ataques e imputaciones de delitos contra López, acciones que motivaron la querella.
El paso inmediato corresponderá a una audiencia de conciliación, convocada para el 21 de noviembre de 2025, al término de la cual, si no se llega a un acuerdo, el proceso migrará a juicio ordinario.
Contexto institucional elevado
La admisión del caso ocurre en medio de tensiones dentro del CNE, en vísperas de las elecciones generales de 2025.
Ochoa había presentado una recusación formal contra López, argumentando pérdida de imparcialidad y conflicto de interés en varios procesos electorales clave.
Por su parte, López ha denunciado ataques públicos, amenazas y vejámenes, y afirmó que su vida “está en peligro”, vinculando a su colega con una campaña de hostigamiento institucional.
¿Qué implica la decisión del juez?
La designación de un juez natural en este caso el magistrado José Ricardo Pineda para conocer la querella otorga al proceso carácter formal y fortalece la transparencia institucional en un momento crítico para la credibilidad electoral.
La admisión de la querella no prejuzga culpabilidad, pero confirma que el órgano judicial considera que hay méritos suficientes para que el caso avance.
Desde ahora, se inicia un calendario que incluye la audiencia de conciliación y, de no prosperar, el juicio correspondiente, lo que exige que las partes presenten pruebas y argumentos en un entorno regulado por la ley.
Potenciales efectos y vigilancia pública Para el sistema electoral hondureño, este proceso representa una prueba de la capacidad institucional de actuar ante conflictos internos entre altos funcionarios del órgano rector de la contienda democrática.
La atención pública y mediática que rodea el CNE en este momento amplifica la relevancia del caso.
La comunidad internacional, que observa de cerca el desarrollo del proceso electoral hondureño, podría interpretar esta admisión como un signo de que las instituciones tienen disposición para resolver disputas internas mediante mecanismos legales.
Sin embargo, también se subraya el riesgo de que el procedimiento se politice, lo que podría afectar la percepción de imparcialidad en el CNE.
