Tegucigalpa, Honduras – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, lanzó duras críticas y amenazas públicas contra un grupo de generales retirados que integran la organización Defensores de Honduras, luego de que estos exigieran su destitución por considerar que ha subordinado políticamente a la institución castrense.
En una intervención divulgada por el canal oficial de las Fuerzas Armadas, Hernández cuestionó la autoridad moral de los exjerarcas militares y los acusó de “pelear con la institución”, asegurando que puede enfrentarlos “de tú a tú en moral y ética”.
“No tienen derecho a pelear con la institución”: Hernández
Las declaraciones de Hernández surgieron tras conocerse que Defensores de Honduras solicitó su remoción inmediata del cargo, alegando que ha roto con el principio de apoliticismo que debe regir a las Fuerzas Armadas.
Entre las acciones que mencionan como evidencia están el retraso en la entrega de maletas electorales durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, su presencia sin invitación en una sesión del Consejo Nacional Electoral (CNE) y presuntas presiones a periodistas para revelar sus fuentes, así como amenazas a directores de medios.
En su intervención, el general Hernández minimizó estas acusaciones y atacó directamente a los generales retirados Mario Raúl Hung Pacheco, Luis Alonso Maldonado e Isaías Barahona.
De Hung Pacheco dijo que se ha aprovechado de la institución con fines proselitistas, y de Maldonado aseguró que es una persona “frustrada” que “anda con quienes le arruinaron su carrera”.
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El conflicto se traslada al terreno moral
Hernández enfatizó que estos militares “ya no son parte de la institución” y les reprochó el hecho de seguir recibiendo pensiones del Instituto de Previsión Militar mientras critican a las Fuerzas Armadas. “No tienen derecho a pelear con la institución que les dio dignidad”, declaró.
Los generales en retiro han manifestado que no están en contra de las Fuerzas Armadas, sino de su actual conducción, a la que acusan de haber permitido que intereses políticos se infiltren en una institución que históricamente ha defendido su neutralidad.
