Israel
Por el riesgo de un genocidio, “el Estado de Israel debe detener inmediatamente su ofensiva militar en Rafah y cualquier otra acción que pudiera infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que provoquen su destrucción física total o parcial”.
Esa es la lapidaria orden emitida este viernes por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, cuyas decisiones son vinculantes y de obligatorio cumplimiento.
Así, se aumenta de manera exponencial la presión internacional sobre Israel para un alto el fuego en la Franja palestina si se cuenta el reciente pedido de detención emitido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa por una eventual responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el anuncio de España, Noruega e Irlanda de que el próximo 28 de mayo reconocerán a Palestina como Estado.
No obstante, Israel está decidido a proseguir con sus ataques en una Franja de Gaza que, en las últimas 24 horas, ha llegado ya a 35.857 muertos tras sumar otras 57 víctimas, pese al fallo de este viernes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que le exige detener “inmediatamente” su ofensiva en Rafah, al sur del enclave.
El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, también difundió que ya son al menos 80.293 el número de personas que han resultado heridas por una guerra cuyo fin sigue sin llegar tras 231 días.
Las autoridades palestinas insisten en que las cifras son superiores, puesto que estiman que hay al menos 8.000 personas desaparecidas bajo los escombros.
La agencia palestina Wafa reportó la muerte de al menos cinco civiles por un bombardeo israelí en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte del enclave.
El Ejército israelí, por su parte, aseguró en un comunicado haber matado a “decenas” de combatientes en las últimas 24 horas, así como haber destruido puestos de lanzamiento y túneles en Yabalia.
El tribunal de la ONU, presidido por el magistrado Nawaf Salam, quien leyó la decisión alcanzada por 13 votos a favor y dos en contra del total de 15 jueces, pidió, además, la “liberación inmediata e incondicional” de los rehenes secuestrados por el grupo islamista palestino Hamás en el ataque del 7 de octubre en suelo israelí y retenidos en Gaza.
Pero el alto tribunal no tiene los medios físicos para hacer cumplir sus decisiones y, en consecuencia, el Gobierno israelí intensificó su ofensiva sobre el enclave palestino y rechazó el pedido: “Nuestro ejército no ha llevado ni llevará a cabo operaciones militares en la zona de Rafah que generen condiciones de vida que puedan causar la destrucción de la población civil palestina, total o parcialmente”.
