Honduras – El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre prácticas de derechos humanos y concluyó que Honduras no registró mejoras significativas en 2024.
Según el documento, persisten problemas críticos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de prensa.
El reporte señala que, aunque el gobierno hondureño adoptó algunas acciones para identificar y sancionar a funcionarios involucrados en abusos, la debilidad del sistema judicial, la corrupción, la interferencia política y la escasez de recursos continúan impidiendo que los responsables enfrenten condenas efectivas.
Crimen organizado y amenazas a la prensa
El informe responsabiliza también a grupos criminales y narcotraficantes de homicidios, secuestros, extorsiones y ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales y poblaciones vulnerables. La impunidad sigue siendo generalizada, incluso en los casos que llegan a investigación.
En materia de libertad de prensa, aunque la ley la garantiza, se documentaron amenazas, agresiones y formas de censura indirecta, como excluir a medios de eventos oficiales o retirarles publicidad estatal por sus posturas críticas.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reportó dos casos de restricciones al derecho de expresión por parte de fuerzas de seguridad, así como episodios de acoso contra periodistas.
Uno de los incidentes más graves ocurrió en septiembre, cuando la comunicadora Magaly Zelaya Ferman fue agredida por agentes mientras cubría una protesta. También se denunciaron amenazas provenientes de funcionarios y simpatizantes del gobierno.
Torturas, muertes bajo custodia y abusos laborales
El Ministerio Público registró 26 denuncias de presunta tortura cometidas por fuerzas de seguridad, mientras que el CONADEH contabilizó 37.
El reporte también documenta abusos sexuales, tratos inhumanos en centros penitenciarios y la muerte de 21 personas bajo custodia, cinco de ellas por violencia.
En el ámbito laboral, aunque la ley reconoce la libertad sindical y la negociación colectiva, persisten trabas legales y prácticas como despidos por afiliación a sindicatos, amenazas a líderes y sanciones ineficaces contra empleadores que violan la normativa.
El Departamento de Estado concluye que, pese a contar con un marco legal para proteger los derechos humanos, la impunidad, la fragilidad institucional y la inseguridad siguen siendo las principales barreras para su cumplimiento en Honduras.
