El gobierno de la presidenta Xiomara Castro comenzó hoy la socialización con la empresa privada del proyecto de Ley de Justicia Tributaria como lo prometió a este sector durante la campaña política.
La delegación gubernamental estuvo representada por el ministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero; el titular de la secretaria de Administración de Rentas (SAR) Marlon Ochoa y el secretario privado presidencial Héctor Manuel Zelaya, entre otros.
En su presentación, Zelaya expuso al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que de esta forma la mandataria cumple con una promesa más.
“Ella se comprometió que a la ahora del proyecto de presentación de reforma tributaria fiscal se iba a empezar la socialización con la empresa privada, estamos aquí cumpliendo esa promesa”, expresó.
Con esta decisión, la administración Castro está dando una “muestra de apertura y de diálogo para poder llegar a acciones contundentes para ordenar las finanzas del Estado y parar los abusos” en materia de exoneraciones fiscales.
El proyecto, que será presentado al Congreso Nacional, beneficiará a la gran mayoría de los hondureños “pero más importante aún que pone el enfoque de la economía en el centro al ser humano”, afirmó el secretario privado.
Por su parte, Marlon Ochoa, titular de la Secretaría de Administración de Rentas, expuso que el proyecto de Ley de Justicia Tributaria busca tres objetivos.
“Detener los abusos ampliamente constatados en los regímenes de exoneraciones fiscales y a través de la opacidad tributaria que se viene arrastrando durante décadas pero que se agudizaron después del golpe de Estado” de 2009.
Un segundo propósito es implementar medidas para que- sin incrementar los impuestos y sin crear nuevos- exista una mayor justicia tributaria en el sentido de “que el que más gane, más pague y el que menos gana, menos pague”.
“En tercer lugar”, añadió Ochoa, evitar que el país sea “declarado paraíso fiscal”.
Se busca, con este tercer objetivo, “permitir el acceso del SAR a información bancaria de las grandes empresas, intercambiar información con 146 países” mediante la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua.
“Para hacer esto es necesario revertir el esquema de privilegios y abusos que se dieron durante los doce años y medio de la dictadura, donde se crearon seis nuevos regímenes de exoneraciones, se ampliaron los beneficios fiscales a diversas empresas en algunos casos hasta por 74 años”, dijo el responsable de la recaudación de impuestos.
Agregó: “En estos doce años y medio se otorgaron 451 mil millones de lempiras en exoneraciones, un monto 116 por ciento superior a la deuda pública. Es decir, si no se hubiera otorgado esas exoneraciones no tendríamos deuda pública, además, tendríamos un excedente de 63 mil millones de lempiras”.
Empresa privada receptiva
La empresa privada fue receptiva con el proyecto presentado por el Ejecutivo.
El presidente del COHEP, Mateo Yibrín, agradeció a la presidenta Castro por haberles presentado el plan tributario antes de mandarlo al Congreso.
Dijo que lo distribuirá a los diferentes sectores de la iniciativa privada “para que puedan analizar profundamente el impacto, los beneficios y apuntarle al gobierno (sobre) qué creemos que debe cambiar en el proyecto”.
“Lo que más nos ocupa es cómo podemos trabajar junto con el gobierno para crear un país con un clima de inversión que ofrezca más salarios dignos a los hondureños”, expresó Yibrín.
“Con ese ánimo, y con la responsabilidad que merece, este proyecto de ley lo vamos a analizar profundamente y trasladaremos a la brevedad posible al gobierno de la República y al Congreso Nacional nuestras observaciones”, concluyó.
