Paraguay – La comunidad internacional mantiene la atención sobre Honduras a menos de dos semanas de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre, luego de que surgieran tensiones entre los organismos electorales y el Ministerio Público.
Este miércoles, el Gobierno de Paraguay exhortó a las autoridades hondureñas “a velar por la institucionalidad democrática y el respeto pleno de la voluntad popular”, respaldando la preocupación expresada previamente por la Organización de Estados Americanos (OEA).
A través de su cuenta en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay afirmó que el país “comparte la preocupación expresada por la OEA respecto al proceso electoral en Honduras” y reiteró la necesidad de garantizar elecciones transparentes y pacíficas.
Llamado de la OEA y la UE a la independencia electoral
La semana pasada, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, exigió al gobierno hondureño respetar la independencia de las autoridades comiciales, tras la solicitud de antejuicio presentada por el fiscal general Johel Zelaya contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
De manera complementaria, este martes, la Unión Europea (UE) instó a los partidos políticos y autoridades de Honduras a asegurar que las instituciones electorales operen de manera “independiente y efectiva”, tal como lo establece la Constitución.
En un comunicado, el Servicio Europeo de Acción Exterior subrayó que la transparencia, credibilidad, estabilidad e inclusividad política son fundamentales para que los ciudadanos voten en un entorno ordenado y pacífico.
Tensión interna y riesgo de interferencia política
La presión del Ministerio Público, acusado de favorecer al gobernante Partido Libre, ha generado alarma en la comunidad internacional.
La institución tiene actualmente amenazados de cárcel a una consejera del CNE y a dos magistrados del TJE, lo que podría constituir una interferencia directa en organismos que deberían actuar de manera imparcial.
Expertos advierten que la combinación de disputas internas en los órganos electorales y la presión política sobre funcionarios independientes aumenta el riesgo de desconfianza ciudadana y pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Honduras enfrenta así un desafío clave: demostrar que sus instituciones pueden garantizar un proceso transparente y confiable, en un contexto donde la mirada internacional no solo observa, sino que exige cumplimiento de estándares democráticos.
