La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó en las últimas horas un resumen de evidencias “in limine” contra el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández (2014-2022), y el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “Tigre” Bonilla.
El legajo de pruebas, contenidas en un documento de 96 páginas, abarca testimonios, fotografías e intercepción de comunicaciones.
El resumen de evidencias sintetiza cómo el expresidente hondureño recibió sobornos de narcotraficantes y malversó fondos públicos, con el propósito de sobornar a funcionarios electorales en las dos elecciones en que resultó ganador, 2013 y 2017.
Además de ello, entre los elementos más relevantes del documento que presentó la Fiscalía estadounidense figuran las 35 personas que aparecen mencionadas, de alguna forma, con vínculos a la supuesta estructura criminal del exmandatario.
El listado incluye a políticos, exfuncionarios de la Policía Nacional, exjueces y narcotraficantes hondureños y extranjeros.
Entre los políticos figuran varios que han sido extraditados, procesados o condenados en Estados Unidos como los exalcaldes de Yoro, Yoro, y El Paraíso, Copán, Arnaldo Urbina y Alexander “Chande” Ardón, respectivamente, y los exdiputados Fredy Nájera y Juan Antonio “Tony” Hernández.
También se menciona al expresidente hondureño, Porfirio Lobo Sosa, y al exalcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, por haber recibido sobornos y protección de narcotraficantes, con fines de financiamiento electoral.
De igual modo, aparece señalado el exsecretario de Inversiones, Yankel Rosenthal, y su primo hermano, el excandidato presidencial por el Partido Liberal, Yani Rosenthal.
El primero es mencionado por haber financiado electoralmente a Juan Orlando Hernández y el segundo como parte de un tramado de corrupción que garantizaría protección a narcotraficantes, en caso de llegar a la presidencia. Yani y Yankel enfrentaron la justicia estadounidense por delitos de lavados de activos y cumplieron sus condenas.
Otros funcionarios del más alto nivel como el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y el actual fiscal general, Óscar Chinchilla, también son mencionados dentro del entramado.
“Juan Orlando prometió proteger al narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez del arresto y la extradición, enfatizando que el fiscal general Óscar Chinchilla y el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, protegerían a Juan Orlando y a Fuentes Ramirez y los harían ‘intocables'”, dice la acusación de la Fiscalía.
Otro político reconocido, el exdiputado del Partido Nacional, Óscar Nájera, también es mencionado por haber financiado la campaña del expresidente hondureño.
Entre los exfuncionarios de la Policía Nacional aparecen Mauricio Hernández Pineda, Juan Carlos “Tigre” Bonilla, Juan Manuel Ávila Meza y Ramón Adalberto Martinez Hernández. Todos son señalados de favorecer el tráfico de drogas.
Mientras que los narcotraficantes mencionados son Miguel Arnulfo Valle Valle, Luis Antonio Valle Valle, Víctor Hugo Díaz Morales, Geovanny Fuentes Ramírez, Joaquín Guzmán Loera y Carlos “Negro” Lobo.
Asimismo, aparecen Devis Leonel Rivera Maradiaga, Javier Rivera Maradiaga, Nery López Sanabria, Mario José Cálix Hernández, Fernando Chang Monroy, Luis Antonio Santos Tobar, Rodolfo Alfredo Vergara Bonifante y Geovanny Daniel Gutiérrez.
También aparecen Amílcar Hernández y Marcos Hernández, hermanos del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
Otras personas mencionadas son el exjuez Julio César Barahona, el testigo protegido de seudónimo José Sánchez (alias “El Contador”) y Óscar Ramírez, exabogado de Juan Antonio “Tony” Hernández.
A la espera del juicio
Juan Orlando Hernández fue extraditado el 21 de abril de 2022 e irá a juicio el 18 de septiembre de 2023.
EE. UU. lo acusa por conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
El expresidente Hernández se declaró inocente de sus cargos desde la audiencia inicial.
