Estados Unidos
Un jurado federal condenó al ciudadano hondureño Juan Orlando Hernández, también conocido como JOH, de 55 años de edad, por los tres cargos expuestos en la acusación formal, a saber: delitos de importación de cocaína y vinculados con armas. Está previsto que Hernández sea sentenciado el 26 de junio.
“Juan Orlando Hernández abusó de su cargo como presidente de Honduras para gestionar el país como un Estado narcotraficante donde se permitía a narcotraficantes violentos operar prácticamente con impunidad, y la población de Honduras y Estados Unidos se veía obligada a sufrir las consecuencias”, expresó el fiscal general Merrick B. Garland. “Como lo demuestra la condena de hoy, el Departamento de Justicia está desmantelando el ecosistema entero de redes de narcotráfico que perjudican al pueblo estadounidense, sin importar cuán lejos o cuán alto tengamos que llegar”.
“Cuando el líder de Honduras y el líder del cártel de Sinaloa trabajan mano a mano para enviar drogas letales a las comunidades estadounidenses, ambos deben rendir cuentas en Estados Unidos”, señaló Anne Milgram, de la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA). “Este caso debe transmitir un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley ni fuera de nuestro alcance”.
“Juan Orlando Hernández tuvo todas las oportunidades para ser un promotor del bien en su Honduras natal. En vez de ello, optó por abusar de su cargo y de su país en su propio beneficio y se asoció con algunas de las organizaciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo para transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, explicó el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams.
“Espero sinceramente que esta condena envíe a todos los políticos corruptos que puedan considerar seguir un camino similar el siguiente mensaje: deben tomar una decisión diferente. Mi oficina no se detendrá ante nada en su propósito de investigar y enjuiciar a los responsables de enviar veneno a esta comunidad, sin importar cuál sea su estatus o el poder político que tengan”.
Conforme indican documentos judiciales, desde al menos 2004 o aproximadamente de ese año, y hasta alrededor de 2022, Hernández, quien cumplió dos mandatos como presidente de Honduras y ejerció además como presidente del Congreso Nacional de Honduras, fue figura central de una de las conspiraciones más grandes y violentas de narcotráfico en el mundo. Hernández abusó de su cargo y autoridad en Honduras para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos. A cambio, Hernández recibió millones de dólares en dinero vinculado con estupefacientes por parte de algunas de las organizaciones de narcotráfico más grandes y violentas en Honduras, México y otros lugares, y utilizó esos sobornos para facilitar su ascenso en la política hondureña.
Mientras estuvo en funciones, Hernández promovió públicamente legislación y publicitó esfuerzos que supuestamente apoyaban medidas contra los narcóticos en Honduras.
Al mismo tiempo, protegió y enriqueció a narcotraficantes en su círculo de allegados y a quienes le proporcionaban sobornos financiados con cocaína que le permitieron acceder al poder en Honduras y mantenerse en este. Por ejemplo, Hernández confirmó extradiciones en forma selectiva empleando sus facultades ejecutivas para apoyar la extradición a Estados Unidos de determinados narcotraficantes que suponían una amenaza para su posibilidad de aferrarse al poder, y prometía a narcotraficantes que le pagaban y acataban sus instrucciones que permanecerían en Honduras.
Además, Hernández y sus coconspiradores abusaron de instituciones hondureñas como la Policía Nacional y el Ejército de Honduras, con el objeto de preservar e incrementar sus conspiraciones.
Entre otras cosas, los partícipes en la conspiración utilizaron agentes fuertemente armados de la Policía Nacional de Honduras para proteger sus cargamentos de cocaína que transitaban por Honduras.
Quienes integraban la conspiración también recurrieron a violencia y asesinatos para preservar y hacer crecer su actividad de narcotráfico, y atacaron y asesinaron a traficantes rivales y a quienes disputaban su control del comercio hondureño de cocaína.
Varios de los coconspiradores de Hernández ya han sido condenados y sentenciados en relación con esta investigación. Entre ellos, el hermano de Hernández, Juan Antonio Hernández Alvarado, también conocido como Tony Hernández, que fue condenado tras un juicio en octubre de 2019 y recibió la pena de cadena perpetua, y a Geovanny Fuentes Ramírez, un violento traficante de cocaína que se reunió con Hernández en múltiples ocasiones para dialogar sobre su asociación en el narcotráfico, y que fue condenado tras un juicio en marzo de 2021 a condena perpetua.
Más recientemente, Juan Carlos Bonilla Valladares, también conocido como “El Tigre”, exjefe de la Policía Nacional de Honduras, se declaró culpable de participar en la conspiración para importar cocaína y tiene fecha prevista para sentencia el 25 de junio; y Mauricio Hernández Pineda, exmiembro de la Policía Nacional de Honduras y primo de Hernández, quien se declaró culpable de participar en la conspiración para importar cocaína y está previsto que sea sentenciado el 2 de mayo.
En total, Hernández y sus coconspiradores llevaron a cabo el tráfico de más de 400 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras durante el mandato de Hernández en el gobierno hondureño.
Hernández fue condenado por tres cargos: i) conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, para lo que se prevé una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de condena perpetua; ii) utilizar y llevar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y tenencia de ametralladoras para facilitar dicha conspiración, lo cual conlleva una pena consecutiva obligatoria de 30 años de prisión; y (iii) conspirar para utilizar y llevar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y tenencia de ametralladoras para facilitar dicha conspiración, lo cual conlleva una pena máxima de condena perpetua.
Investigan el caso la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la OCDETF (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces, New York Strike Force), y la Oficina asignada al país en Tegucigalpa. El Departamento de Justicia agradeció al Gobierno de Honduras la extradición de Hernández a Estados Unidos.
Los fiscales adjuntos de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Jacob H. Gutwillig, David J. Robles, Elinor L. Tarlow y Kyle A. Wirshba llevan la acción penal con apoyo de la asistente legal Kayla A. Collins y las abogadas litigantes Andrea Broach y Jessica Fender de la Sección de Antiterrorismo de la División de Seguridad Nacional.
