La Comisión Técnica Liquidadora trasladó al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) una serie de informes que contienen hallazgos sobre fondos públicos que no fueron debidamente liquidados y posibles irregularidades en el manejo de recursos estatales.
La información fue confirmada por el coordinador de la comisión, Ángel Mendoza, quien explicó que las anomalías salieron a la luz durante el proceso de liquidación de distintas instituciones gubernamentales.
De acuerdo con el funcionario, los documentos entregados a los organismos de investigación y fiscalización incluyen observaciones relacionadas con recursos cuyo uso no cuenta con la justificación correspondiente, así como dificultades para establecer la trazabilidad del dinero.
Mendoza indicó que el objetivo es que las autoridades competentes examinen los hallazgos, determinen qué ocurrió con los fondos y establezcan si existen responsabilidades administrativas o penales.
Sedesol y Planificación Estratégica figuran entre las instituciones señaladas
El coordinador de la Comisión Liquidadora mencionó que entre las instituciones donde se identificaron mayores indicios de posibles responsabilidades se encuentran la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Planificación Estratégica.
En el caso de Sedesol, señaló que durante la administración anterior ya se habían presentado denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la utilización de recursos y cuestionamientos sobre el destino de los fondos.
Estos antecedentes forman parte del contexto que ahora deberá ser examinado por las instituciones encargadas de investigar y determinar si hubo actuaciones contrarias a la ley.
No obstante, los hallazgos comunicados por la Comisión Liquidadora no representan por sí mismos una declaración de culpabilidad contra personas determinadas. Corresponderá al Ministerio Público establecer si existen elementos suficientes para formular acusaciones.
Ministerio Público solicita más documentos para individualizar responsabilidades
Mendoza explicó que la Fiscalía ya desarrolla líneas de investigación y ha enviado varios requerimientos a la Comisión Liquidadora para obtener información complementaria.
Entre los datos solicitados figuran aspectos relacionados con los cargos, las categorías y las funciones que desempeñaban los funcionarios vinculados con la administración de los recursos bajo revisión.
Esta documentación permitiría a los investigadores identificar quiénes tenían responsabilidades sobre los fondos, conocer el papel que desempeñó cada funcionario y determinar si existen elementos para sustentar posibles requerimientos fiscales.
“Se ha fortalecido la investigación; están requiriendo información para fortalecer estos requerimientos fiscales y presentarlos en las próximas horas”, expresó Mendoza.
El funcionario agregó que la comisión ha recibido distintos oficios de la Fiscalía y que continuará entregando los documentos solicitados para contribuir al desarrollo de las investigaciones.
Falta de liquidación de fondos públicos también está bajo investigación
Uno de los aspectos que preocupa a las autoridades es la existencia de recursos que no cuentan con una liquidación debidamente respaldada.
Mendoza recordó que los funcionarios responsables de administrar dinero público tienen la obligación de justificar cómo fueron utilizados los fondos asignados y presentar la documentación que respalde los gastos.
Por esa razón, la ausencia de informes de liquidación o de comprobantes que permitan conocer el destino de los recursos constituye un elemento que debe ser revisado por los organismos de control.
La investigación deberá establecer si las inconsistencias responden a incumplimientos administrativos, falta de documentación u otras actuaciones que puedan derivar en responsabilidades legales.
Ángel Mendoza cuestiona el manejo de recursos en medio de necesidades del país
El coordinador de la Comisión Liquidadora calificó de bochornosa la existencia de este tipo de situaciones, especialmente ante las necesidades que enfrenta Honduras en áreas fundamentales como salud, educación e infraestructura.
El funcionario consideró que los recursos públicos deben manejarse con transparencia y que quienes estuvieron a cargo de su administración tienen que responder ante las autoridades cuando existan cuestionamientos sobre su utilización.
En ese sentido, reiteró que la comisión mantendrá su colaboración con el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas para facilitar la información que permita esclarecer los hechos.
¿Qué sigue en las investigaciones sobre los fondos públicos?
El siguiente paso dependerá del análisis que realicen el Ministerio Público y el TSC sobre los informes y documentos remitidos por la Comisión Técnica Liquidadora.
La Fiscalía busca completar la información necesaria para individualizar a los posibles responsables y determinar si los hallazgos permiten presentar requerimientos fiscales.
Por su parte, el Tribunal Superior de Cuentas deberá desarrollar las actuaciones de fiscalización que correspondan dentro de sus competencias.
Hasta el momento, no se han detallado públicamente montos específicos de los fondos sin liquidar ni el número de funcionarios que podrían estar vinculados con las irregularidades bajo revisión.
Las investigaciones buscan responder tres preguntas fundamentales: cuánto dinero permanece sin justificar, quiénes tuvieron a su cargo su administración y si existen pruebas de que los recursos públicos fueron utilizados de manera irregular.
