Tegucigalpa.- El pleno del Congreso Nacional analizó este jueves un recurso de juicio político promovido por diversos sectores ciudadanos, campesinos, indígenas y garífunas en contra de la junta directiva encabezada por Tomás Zambrano y de los diputados que aprobaron la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
La petición de destitución, que ingresó la semana pasada a la secretaría del hemiciclo respaldada por más de 14,000 rúbricas, fue derivada al Registro Nacional de las Personas (RNP) con el propósito de efectuar la auditoría técnica y validación dactilar antes de que el pleno vote su admisión.
Por su parte, el presidente del Poder Legislativo calificó la acción como una maniobra con motivaciones políticas impulsada por facciones opositoras, argumentando que el formato de iniciativa ciudadana empleado en el recurso obliga a agotar este paso técnico en un plazo máximo de diez días.
Las organizaciones demandantes argumentan que el Decreto 107-2026 vulnera la propiedad comunitaria y restringe garantías constitucionales sobre la tierra, por lo que una vez que el RNP devuelva la verificación de las firmas, los legisladores deberán definir en debate si dan trámite a la causa.
