Tegucigalpa.- Un grupo de 11 agentes asignados a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) enfrenta un proceso penal formal tras ser acusados de ejecutar un allanamiento domiciliario ilegal. De acuerdo con el expediente oficializado por el Ministerio Público, las acciones judiciales son coordinadas por el personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), específicamente por la Unidad de Investigación de los Delitos Contra la Administración Pública.
El informe de los agentes investigadores detalla de forma cronológica que los graves hechos delictivos ocurrieron el pasado 13 de noviembre de 2023 en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés. En esa fecha, los uniformados irrumpieron de manera violenta en la vivienda privada de dos ciudadanos extranjeros originarios de Filipinas, procediendo a despojarlos de sus pertenencias de valor sin contar con el debido sustento legal.
Nómina de implicados y violaciones a las garantías constitucionales
La lista de los funcionarios de los cuerpos de seguridad requeridos por la justicia hondureña está integrada por:
- Primer grupo de imputados: Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez y Fernando Josué Castellanos Canales.
- Coacusados en el expediente: Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez y Evely Dalian Triminio Gonzales.
- Personal complementario en el proceso: Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo.
- Ausencia de orden judicial: La ATIC comprobó de forma científica que el operativo policial no contaba con el mandato de ningún juez competente ni con causa justificada para violentar el inmueble.
Combate a la corrupción y abusos en los cuerpos policiales
El caso encendió las alarmas dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad, debido a que los agentes utilizaron la indumentaria, los recursos logísticos y las armas del Estado para cometer supuestos ilícitos en perjuicio de residentes extranjeros. La fiscalía especial contra la corrupción solicitó las medidas cautelares correspondientes en contra de los 11 encausados, con el propósito de evitar riesgos de fuga o la manipulación de las evidencias físicas del caso. Por su parte, los representantes locales de los derechos humanos exigieron la separación inmediata de sus cargos de todos los sospechosos implicados, argumentando que este tipo de actuaciones criminales empaña gravemente la confianza ciudadana en la DIPAMPCO y en los procesos de depuración policial del país.
