Tegucigalpa.- El Juzgado Penal de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exdiputado al Congreso Nacional, Víctor Hugo Romero Chinchilla, tras reactivarse su proceso judicial. La misma determinación legal fue aplicada a los otros tres ciudadanos que comparecieron de forma presencial en la audiencia inicial, vinculados al mismo expediente de violencia extrema registrado en la zona occidental del territorio hondureño.
La resolución judicial se emitió luego de que los fiscales del Ministerio Público lograran sustentar los indicios mínimos racionales de participación de los encausados en el hecho sangriento. La defensa técnica de los procesados no pudo desvirtuar las pruebas científicas presentadas, por lo que el juez resolvió enviarlos a un centro penal para garantizar su presencia en las siguientes etapas del juicio.
Delitos conexos, arraigo y el desglose de las víctimas de la acusación
El auto de formal procesamiento dictado por el juez abarca una tipicidad delictiva múltiple que agrava la situación jurídica de los encausados:
- Estatus de reclusión: El excongresista Víctor Hugo Romero y sus acompañantes deberán cumplir la medida de prisión preventiva en una cárcel asignada por el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
- Cargos ratificados: El tribunal resolvió que existen méritos suficientes para procesar a los cuatro detenidos por Asesinato, Tentativa de Asesinato y el delito de Asociación para Delinquir.
- Ofendidos directos: El requerimiento fiscal detalla que la agresión armada fue ejecutada en perjuicio de los ciudadanos Mario Josué Chacón Fuentes y Miguel Ángel Villeda Recinos.
- Seguridad pública: Al mantenerse el cargo de asociación para delinquir, el dictamen judicial subraya el daño provocado a los Derechos Fundamentales de la Sociedad del Estado de Honduras.
Traslado a centro penal y los plazos para el juicio oral
Con esta determinación del Juzgado de Letras Penal Nacional, el exparlamentario y los otros tres implicados (Andrés Adolfo Ramos, Emeterio Carbajal y Nelson Francisco Melgar) pierden la opción de defenderse en libertad, cerrando las especulaciones de sectores políticos sobre posibles medidas sustitutivas. El dictamen detalla que los riesgos de fuga y de obstrucción a las investigaciones fiscales fueron determinantes para denegar las solicitudes de las defensas privadas. Los agentes de los cuerpos de seguridad procedieron de inmediato a coordinar el traslado de los cuatro imputados bajo estrictos anillos de seguridad hacia la penitenciaría correspondiente. El expediente penal será elevado en los próximos meses a la etapa de juicio oral y público, donde la fiscalía buscará obtener una sentencia condenatoria con penas que podrían superar los treinta años de reclusión.
