Tegucigalpa, Honduras – Un juez natural dictó detención judicial contra el diputado nacionalista Nelson Márquez, junto a otros cuatro imputados por delitos relacionados con el desvío de más de tres mil millones de lempiras en perjuicio del Estado hondureño.
Además de Márquez, también fueron enviados a la Penitenciaría Nacional de Támara los ciudadanos Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez. Todos enfrentan cargos por el delito de fraude, excepto Gradiz, un juez que fue acusado de prevaricato judicial.
Mientras tanto, Rafael Eduardo Chávez recibió la medida de arresto domiciliario, luego de que se le imputara el supuesto delito de falsificación de documentos públicos.
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, confirmó que los cinco detenidos cumplirán la medida en el principal centro penitenciario de la capital, mientras avanza el proceso judicial.
Un fraude con raíces en el huracán Mitch
Según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, los hechos se remontan al año 2000, cuando el Estado, en el marco de la reconstrucción post-Mitch, firmó un contrato con la empresa estadounidense DRC Inc., sin contar con autorización legal para operar en el país.
La empresa subcontrató de forma irregular a NAINSA, pese a que esta no tenía relación directa con el Estado.
Un año después, los fondos de cooperación fueron cancelados por irregularidades contractuales, pero más adelante ambas compañías promovieron demandas fraudulentas contra el Estado basadas en un laudo arbitral que, según la Fiscalía, nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.
En enero de 2020, ya en su rol como secretario de Sedecoas, Márquez firmó un informe legal que recomendaba suscribir un acuerdo con NAINSA, lo que derivó en pagos millonarios por vía extrajudicial.
Para febrero de ese mismo año, Sedecoas concretó el convenio sin agotar los procesos judiciales, lo que según el MP violó la ley y causó un grave perjuicio a las finanzas públicas.
En 2022, el juez Raymundo Gradiz admitió una nueva demanda promovida por las empresas implicadas, pese a que ya se conocía la nulidad del laudo arbitral. El Ministerio Público señala que estas resoluciones permitieron que se ordenaran nuevos pagos al margen de toda legalidad.
Incluso se documentó la ausencia del apoderado legal del Estado, Héctor Alvarado Mejía, en una audiencia clave. Su justificación fue un certificado médico cuya autenticidad ha sido cuestionada por la Fiscalía.
Contexto político
Nelson Márquez es actualmente diputado por Intibucá y subjefe de bancada del Partido Nacional, la principal fuerza de oposición frente al gobierno de Libertad y Refundación (Libre).
Su captura se da en medio de un ambiente electoral tenso de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, lo que ha generado reacciones encontradas en el escenario político hondureño.
